Politización del poder judicial y fallos del sistema

Con el vergonzoso fallo de las hipotecas y el pacto PSOE-PP para nombrar a Marchena; la justicia sigue perdiendo credibilidad. El último acuerdo entre el gobierno de Sánchez y el PP ha sido una prueba de la politización del poder judicial, un órgano constitucional que debe garantizar la independencia e imparcialidad entre juezas y jueces españoles que como vemos no existe.

Las previsiones constitucionales que establecen que son los vocales, y no los responsables de los partidos políticos, los que proponen y eligen al presidente del CGPJ, se han incumplido una vez más, al igual que paso con el actual presidente, Carlos Lesmes en 2013 y con Carlos Divar en 2008.

El actual gobierno ha creído conveniente llevar a cabo este pacto con el PP, sin todavía haberse cerrado la composición de los 20 vocales que renovarán el órgano de gobierno de los jueces, a cambio de obtener una mayoría pseudo progresista en el órgano (once candidatos propuestos por el PSOE y nueve por el PP), y a cambio de tener un presidente nombrado a dedo por el Partido Popular.

Pero el acto no solo supone que se ponga en tela de juicio la independencia del órgano, sino que el actual gobierno, ha pasado por alto la posibilidad de que sea una mujer la que presida el Consejo General del Poder Judicial, ya que Ana Ferrer, magistrada de la sala de lo Penal del supremo, era candidata al cargo.

Sabiendo la importancia de la cuarta ola feminista que cruza el mundo entero, el papel de la mujer como protagonista en todos los ámbitos, debe estar por encima de intereses políticos y económicos, pero al gobierno solo le basta con poder decir que tenemos un congreso con mayoría femenina, que no quiere decir feminista.

… es necesario debatir a fondo la clase de justicia que tenemos y la que necesitamos.

Varias asociaciones se han pronunciado al respecto, concluyendo en la “mala imagen” que esto supone para la justicia española, y además afirman que el “impresentable” pacto pone en evidencia la “politización de la justicia en España”, ya que este acuerdo supone la necesidad de consenso entre la presidencia y la mayoría pseudo progresista de distinta ideología.

Además de esto, el nombramiento de Manuel Marchena supone un cambio en el juicio de los líderes independentistas del "Prozesua". Al sacar al magistrado del juicio el PSOE cree que la condena a los líderes será más benévola, pero quizás no calculan lo que supondrá tener un presidente a las órdenes directas del PP.

Fue en su momento Marchena quién admitió la querella presentada por el entonces fiscal general del Estado por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos contra los líderes del "Prozesua", y contra la Mesa del Parlament que permitió aprobar la Declaración unilateral de independencia, un procedimiento independentista ilegal y que contradecía la constitución, según el criterio del entonces presidente Marchena.

Al parecer no le parece ilegal un procedimiento que contravenga lo establecido en le Ley Orgánica del Poder Judicial, como es su nombramiento pactado entre dos fuerzas políticas. Una vez más priman solamente intereses políticos y económicos.

Se desprende de esto la necesidad de una real democratización del poder judicial, cambiando su composición y mecanismos…

Sin lugar a duda, es necesario debatir a fondo la clase de justicia que tenemos y la que necesitamos. Tras esta caracterización y análisis de la estructura del Estado actual y sus poderes, denunciamos que su actual composición corresponde a las necesidades de los que tienen el poder, y que por más que se divida en tres poderes, son los mismos intereses los que mueven los hilos de cada uno de ellos.

Se desprende de esto la necesidad de una real democratización del poder judicial, cambiando su composición y mecanismos, sometiendo a la voluntad popular la designación de los jueces en toda la estructura judicial, aplicando el voto directo, y aplicando la necesidad de que exista una integración paritaria real de mujeres.

Gainera, los colectivos feministas deben ser reconocidos como parte de jurados populares ante los ataques de género, y debe existir una formación con perspectiva de género para magistrados, jueces y fiscales. Deben existir mecanismos transparentes de desarrollo de la carrera judicial. Se deben generalizar los juicios por jurado, y avanzar en los mecanismos de remoción y revocabilidad de jueces vinculados a casos de corrupción o que tengan vínculos con intereses políticos.

Creemos necesario garantizar la más amplia publicidad de todos los temas para que el pueblo esté al tanto de todos los procedimientos, fundamentalmente de los de interés social, implementando la necesidad de intervención directa de sindicatos, organizaciones de derechos humanos, u otras organizaciones democráticas, y asegurar la posibilidad de contar con comisiones investigadoras independientes cuando el caso lo amerite.

Sólo así podremos tener un sistema judicial realmente respetuoso a todos los derechos de los y las trabajadoras, de las mujeres y el pueblo, que lejos de las reformas discrecionales que suelen llevar a cabo los gobiernos, debe ser parte de un cambio social e institucional de fondo, que viene de la mano de la necesidad de convocar una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, para demoler todos estos mecanismos que están al servicio de los gobiernos de turno y construir una nueva institucionalidad al servicio de las mayorías.

Laura Jaén