De Vallecas a Salamanca: un abismo profundo

La pandemia sigue desnudando las diferencias sociales, el favoritismo a los privilegiados y la podredumbre del sistema capitalista.

“Hijos de p… esto no lo hacéis en el barrio de Salamanca”, ésta fue la frase con la cual una mujer indignada increpó a la Policía Nacional mientras cargaba contra los manifestantes en Madrid. ¿A qué se refería?

Ante el descontrolado avance del contagio de Covid-19, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP) restringió la movilidad en los barrios obreros y populares y de inmigrantes situados al sur de la capital, lo cual generó un fuerte rechazo. El jueves pasado, las Asociaciones Vecinales se movilizaron a distintos centros de salud, entre ellos el Ángela Uriarte, ubicado en el distrito Puente de Vallecas. Lo hicieron para reclamar una salud pública de calidad, repudiar los confinamientos selectivos “poco eficaces”, “segregacionistas” y exigir la dimisión de Ayuso; luego hubo una concentración frente a la Asamblea de Madrid. ¿Cuál fue la respuesta? Violentas cargas policiales que causaron enfrentamientos, heridos y detenidos. El viernes volvió a haber movilización de vecinxs y jóvenes por la libertad de los presos y contra la represión.

No sucedió lo mismo en el céntrico barrio madrileño de Salamanca, donde, a mediados de mayo, un grupo de clase alta realizó una cacerolada en la calle Núñez de Balboa. A pesar de que en todo el país se aplicaban multas y se reprimía en el marco del autoritario estado de alarma, allí los “pijos” se movieron a sus anchas, alentados por la derecha y la ultraderecha del PP y de Vox. La policía los protegió y confraternizó con ellos, fueron imágenes indignantes.

Estos hechos expresaron descarnadamente la brecha social y el trato diferenciado de las instituciones de acuerdo con la clase de pertenencia. En Salamanca, Ayuso defendió a los ricachones que no podían salir “un ratito por las tardes” y el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, presentó el despliegue del dispositivo policial “No para reprimir ningún tipo de manifestación y cacerolada”. En Vallecas Ayuso diseñó medidas discriminatorias y la policía bajo la responsabilidad política de Franco las impuso violentamente.

Aunque el delegado de Gobierno se comprometió a recabar información para “actuar en consecuencia” y Podemos calificó lo sucedido como “una vergüenza”, no pueden eludir que la cobertura para la represión la brindó su gobierno de “Coalición progresista”. Previamente el presidente Pedro Sánchez (PSOE) y Díaz Ayuso, se reunieron y acordaron un “espacio de cooperación reforzada” basado en la Unidad Militar de Emergencia, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Para que no queden dudas, el Ministerio del Interior avaló la actuación policial.

Cómo no justificar a la vecina que insultó a la policía y apareció en las redes sociales, en pocas palabras expresó el sentimiento de bronca que existe por las medidas del gobierno ante la pandemia que, como en la primera oleada, siguen siendo sanitariamente insuficientes e ineficaces, socialmente injustas y desiguales. Esto es lo que venimos denunciando hace tiempo y ahora se ha hecho más evidente. No lo decimos sólo nosotros.

Daniel López Acuña, epidemiólogo y ex director de crisis de la OMS, declaró: “Las medidas anunciadas hoy por el Gobierno de Madrid son insuficientes, incoherentes y resultarán inefectivas. No tienen un fundamento epidemiológico sólido, son irresponsables desde una perspectiva de salud pública y costarán sufrimiento y vida. Debe haber un límite a la impunidad”.

Los sindicatos sanitarios expresaron que los estudios de movilidad indican que las restricciones son muy laxas, porque el 80% de los que viven en las áreas confinadas se trasladan cada mañana a otros barrios a trabajar, casi la mitad en el transporte público. También criticaron las medidas en Madrid porque conducen a la saturación de hospitales y las UCI, a la par de exigir medidas contundentes para frenar una curva de contagios que no cesa de crecer.

No se trata solamente de problemas sanitarios, por los recortes y las privatizaciones llevadas a cabo durante años. También hay problemas sociales. Los especialistas han precisado las diferencias entre la primera y la segunda oleada de contagios y entre ellas, mencionaron que ahora se evidencias más las desigualdades socioeconómicas, la incidencia crece de forma notable en las áreas urbanas más pobres y se mantiene en las zonas más ricas. Los que tienen que salir a trabajar todos los días, tomar un medio de transporte público y sufren años de abandono social, son más vulnerables ante la pandemia. Los gobiernos se dedican centralmente a salvaguardar las ganancias de un puñado de empresarios a costa de la salud de las grandes mayorías. El régimen institucional actúa como el brazo ejecutor de sus decisiones. En definitiva, el sistema capitalista, en crisis sistemática, es el responsable de los grandes padecimientos de los trabajadores y el pueblo.

Repudiamos la represión, exigimos el castigo a los responsables efectivos y políticos y las renuncias de Ayuso y del ministro Grande-Marlaska. Aunque los presos fueron liberados, se les deben retirar los cargos levantados en su contra. Hay un camino sanitario, social y democrático distinto, se pueden aplicar otras medidas, como lo señalamos repetidamente desde SOL y la Nazioarteko Liga Sozialista. No vamos a dejar de señalar que, más allá de los discursos y algunas medidas parciales, el gobierno Sánchez-Iglesias no es de izquierda. Hay quienes lo saben, y aun así le brindan apoyo ante el acecho de la derecha y la ultraderecha. Esto provoca un círculo vicioso en el que siempre se opta por el supuesto "gaizto txikiagoa". Es hora de poner de pie una alternativa política distinta, un frente de la izquierda radical para plantarse ante los poderosos, ante los partidos reformistas y de derecha, para terminar con las desigualdades sociales, apoyar a los que luchan, impulsar la organización y movilización popular en los barrios y la huelga general de lxs trabajadorxs para frenar los cierres, los despidos y enterrar la precariedad impuesta por la reforma laboral.