«Ezta etxerik gabeko jendea ere, ezta jenderik gabeko etxeak”
Conseguir el techo propio se hace cada vez más inalcanzable. La vivienda es un derecho por garantizar. La crisis habitacional es insostenible y requiere tanto medidas inmediatas como de fondo, comenzando por apoyar las movilizaciones populares en curso.
El fin de semana pasado las calles de las principales ciudades del Estado español se colmaron de manifestantes con carteles y cánticos expresando “la vivienda es un derecho, no un negocio”. La crisis de la vivienda es un grave problema que ha llegado a un límite casi insostenible para familias enteras.
Un ciudadano español destina de media un 43% de su sueldo al pago del alquiler de una vivienda, cuando según algunos especialistas que incluso hacen una estimación abultada, esa cifra no debería superar el 30%. Para entender esta situación debemos tener en cuenta que el mes pasado el precio por metro cuadrado ha ascendido a los 13 € (un 80% más que en 2014, cuando apenas superaba los 7€/m2). Izan ere, en agosto de 2023, se superó la barrera de los 12 €/m2 y, lejos de reducirse, se ha incrementado durante el último año.
El acceso a la vivienda para las personas más jóvenes (cuyos sueldos van por detrás de los alquileres) se ha tornado imposible, con lo cual empuja a un enorme porcentaje de la población a compartir piso. La situación se agrava en las principales capitales del Estado, donde el precio de un mini piso equivale al 108% del salario de una persona joven. Y es que, en España, 2 de cada 3 jóvenes de entre 18 a 34 años viven con sus padres, ya que en dicha franja de edad sus ingresos crecen al ritmo de la inflación, pero el aumento del alquiler no tiene ningún tipo de límite, ni techo.
Ante esta situación que se agrava año tras año, el gobierno “progresista” del PSOE sancionó en mayo de 2023 la ley por el derecho a la vivienda, que establece topes al precio del alquiler, la creación de un mapa de zonas tensionadas por el que se fija un coste mínimo y máximo orientativo para el precio del alquiler protege a las familias vulnerables frente a los desahucios y ofrece bonificaciones para que aquellos propietarios que tengan viviendas vacías las movilicen. Es una ley insuficiente, que no busca soluciones reales, ya que la implementación queda luego en manos de cada CCAA. Hasta ahora, sólo Catalunya la ha puesto en vigor con un resultado incierto; según la Generalitat los precios bajaron un 5% en el segundo trimestre de 2024 (el primero completo en aplicación), pero el número de contratos se redujo un 17%.
Luego de las masivas manifestaciones el gobierno central ha destinado un presupuesto mayor a las ayudas de alquileres para jóvenes (bono joven) y han acelerado la resolución de muchas ayudas que ya estaban solicitadas. En tanto que sus socios del gobierno de SUMAR se han querido desmarcar reivindicado que “es crucial desplegar otro tipo de medidas ante la problemática de la vivienda, como es obligar a las autonomías a aplicar el control de precio del alquiler o condicionar los fondos estatales que reciben del Gobierno a instaurar dicha medida”
Ante la sostenida crisis para llegar al techo propio se requieren medidas contundentes para: garantizar la obtención de vivienda para los trabajadores y el pueblo, con planes especiales para los jóvenes. Fijar un porcentaje mínimo del salario para la mensualidad, sin condiciones leoninas de accesibilidad. Establecer valores máximos sin aumentos y prohibir los desalojos. Garantizar el alojamiento inmediato de las personas más vulnerables que se ven obligadas a vivir en la calle. Castigar severamente la utilización de la vivienda como un negocio capitalista especulativo y expropiar las propiedades de los grandes tenedores que se nieguen a adoptar las medidas sociales progresivas.
Con todo, son medidas transicionales que requieren de otras más profundas, para lograr el techo propio, como la implementación de un plan de construcción masiva de viviendas populares, financiado por el Estado, para reducir el déficit habitacional, mejorar las condiciones de vida de las familias trabajadoras y no someterse al calvario de las hipotecas bancarias. La vivienda ha de ser un derecho, no un negocio. Para hacerlo valer se requiere de apoyar las luchas de las asociaciones de inquilinos, las movilizaciones en curso y pelear por un sistema distinto, que sólo puede ser el socialismo.
