Que no lo oculte el virus
El gobierno “progre” es cómplice de la opacidad e impunidad de la monarquía española.
Mientras el Coronavirus ocupa el centro de la escena pasan cosas que se ocultan o minimizan tras la emergencia sanitaria. Entre ellas, las acusaciones sobre la corrupción de la monarquía y los posicionamientos al respecto. La prerrogativa de inviolabilidad y no sujeción a responsabilidad del Rey, ha sido cuestionada estos últimos días por algunos grupos parlamentarios (Unidas Podemos, Junts per-Catalunya, Compromís, Más País, y el Grupo Nacionalista Galego). El martes 10 el Congreso rechazó la propuesta para crear una comisión de investigación sobre las posibles actividades corruptas que podría tener el Rey Emérito en Suiza, en base a las recomendaciones de los letrados.
Es destacable que esta solicitud de creación de la comisión de investigación vino de la mano de los grupos parlamentarios minoritarios. Fue después de conocer la iniciativa de estos grupos, cuando Unidos Podemos decidió sumarse a la petición de investigación, no desde el gobierno, sino desde su bancada. Un indicio para UP de que la votación no saldría adelante y ni sería aceptada por el PSOE. El nuevo escenario que se le atribuye a UP remarcando ese acento social que pretende reflejar, no va más allá de la teoría. Hace menos de un mes, el grupo parlamentario de Unidas Podemos y En Común Podem, no tenían la misma postura, ya que vetaron una iniciativa de la CUP con la que se pretendía investigar la relación de Juan Carlos I con las autoridades saudíes.
…pasan cosas que se ocultan o minimizan tras la emergencia sanitaria.
Siguiendo con el fundamento de la comisión de investigación, entran en juego varias hipótesis. En primer lugar, se investiga la donación de 65 millones de euros que tiene como beneficiaria a Corinna Larsen, a través de la fundación panameña Lucum. Larsen era amiga personal del Rey y ha denunciado una operación del servicio secreto español para evitar que cualquier ilegalidad cometida por el rey salga a la luz. En segundo lugar, está la investigación del fiscal suizo Yves Bertossa, sobre una operación de lavado de dinero, para blanquear la comisión de 100 millones de euros pagada por la monarquía saudí al monarca español en 2008, como agradecimiento a sus favores en la negociación del contrato del AVE para la Meca. La monarquía saudí está señalada como una de las más atroces represoras, sospechada de crímenes políticos, guerras y negociados multimillonarios ilegales.
Las hipótesis mencionadas corresponden a 2008 y 2012, cuando Juan Carlos todavía era Jefe de Estado, por lo que gozaba de inviolabilidad y exención de responsabilidad, es decir todos sus actos estaban protegidos. ¿Tras su abdicación pierde esa inviolabilidad? Sí, pero sólo puede ser juzgado por aquellos delitos cometidos después del 19 de junio de 2014. Igualmente, las vías institucionales, incluso después de su abdicación, siguen del lado de la monarquía. Con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 11 de julio de 2014, se refuerza la protección de Juan Carlos I, logrando que la tramitación y el enjuiciamiento de acciones civiles y penales contra el Rey quede directamente en manos del Tribunal Supremo.
La monarquía española es anacrónica y está en crisis; el gobierno y las instituciones la quieren sostener a cualquier precio como garante del régimen.
Tanto los letrados como el PP, PSOE y VOX permiten que no se cuestione la monarquía y con ello el régimen del 78 del que forman parte y sustentan con sus decisiones. No es para nada sorprendente esta decisión de los letrados, teniendo en cuenta otras que ya han tomado, por ejemplo, con el informe con el que evitan al Juez Manuel Marchena una sentencia de Estrasburgo. Todo ello supone un avance en el devenir antidemocrático del régimen del ´78.
La monarquía española es anacrónica y está en crisis; el gobierno y las instituciones la quieren sostener a cualquier precio como garante del régimen. Pero esta forma de gobierno que mantiene la esencia del franquismo no va más. Es necesario organizarnos, para construir una alternativa de izquierda con la que enfrentar a las instituciones, dar respuesta a las luchas sociales y exigir la convocatoria a una Asamblea Constituyente Libre y Soberana donde el pueblo debata y decida su propio destino.
Laura Jaén
