Venezuela: El caso de Fernando Albán y el terrorismo de estado
Los venezolanos hemos sido testigos de un acontecimiento aciago y oscuro en el cual el gobierno nacional está vinculado directamente. Murió en la sede del SEBIN el concejal y militante de Primero Justicia, Fernando Albán, y enseguida todos los hechos, declaraciones y entornos cercanos se desenvuelven en un ambiente de tramas sospechosas y turbias. Resulta sorprendente que a pocas horas de haber ocurrido este terrible hecho, un alto funcionario del gobierno, como lo es el Ministro de Interior y Justicia Néstor Reverol, aseveró que Albán se suicidó, descartando inmediatamente cualquier otra posible causa de la muerte. [1] ¿Qué función podrían cumplir los fiscales designados para la investigación, si ya el Ministro de Interior y Justicia expone el resultado de la misma con anterioridad?
Fernando Albán se encontraba fuera del país. Llegó a Maiquetía el pasado sábado 6 de octubre e inmediatamente fue apresado por el Sebin. Desde aquel momento no pudo acceder a la defensa mediante sus abogados, no fue presentado ante ningún juez o tribunal correspondiente como lo establecen las leyes venezolanas y ningún familiar lo pudo contactar.
En la tarde del pasado lunes el Fiscal General, Tareck William Saab, anuncia que el hecho ocurrió mientras el individuo se encontraba en el baño y expresa el suicidio como versión preliminar, [2] sospechas que Reverol descarta minutos más tarde al confirmar que ciertamente ocurrió un suicidio pero cambiando el lugar de los supuestos acontecimientos (sala de espera del SEBIN). [3]
Ver todo ese panorama de las últimas horas hace más tenebrosa la historia y surgen más interrogantes que certezas: ¿Cuál es la versión oficial? ¿La de Saab o la de Reverol? ¿Por qué tanta celeridad sobre un hecho tan delicado? ¿Por qué sus familiares no pudieron entrar en contacto desde que este arribó a Venezuela? Los delitos por los que se le imputaban tenían que ver con el intento de magnicidio al presidente Nicolás Maduro, entre ellos terrorismo, traición a la patria, homicidio calificado frustrado en la persona del Presidente y del alto mando militar y asociación para delinquir” [4], siendo considerado por este Estado como un individuo de alta peligrosidad.
Bajo este contexto: ¿Podemos dar por cierta la versión oficial? ¿Cómo se explica que alguien acusado de terrorista apresado en una institución de alta seguridad, en pleno horario de trabajo, se haya tirado por una ventana del piso 10 sin que nadie lo impidiera? ¿Cómo es que ocurre este tipo de descuido en las estructuras de seguridad del Estado? ¿Acaso se puede justificar que es correcto omitir el debido proceso por tratarse de un sujeto que es acusado de traición a la patria?
Inmediatamente los aparatos comunicacionales procedieron a manipular los hechos y sembraron matrices polarizadas y despectivas. [5] Mediante maniobras perversas pretenden instalar por redes sociales matrices como “Julio Borges es responsable”, y por los medios oficiales se pretende justificar cualquier hecho o acción cometida, partiendo de que Albán era “terrorista”.
Todo con la intención clara de desviar la atención de las gravísimas violaciones que puede llegar a implicar este terrible acontecimiento. Lo central pasa por el hecho de que un funcionario público electo fue secuestrado por el SEBIN, y pasadas las 20 horas de su apresamiento sin haber tenido ningún tipo de contacto con sus familiares o abogados defensores este muere en una de las instituciones estatales más cuestionadas en violaciones de derechos humanos que es ya conocida como la “tumba”.
Vale recordar el caso de Fabricio Ojeda, apresado igualmente en una institución de seguridad estatal (SIFA, Servicio de Información de la Fuerza Armada) donde un 21 de junio de 1966 el gobierno de Raúl Leoni afirmó que Ojeda se había suicidado (ahorcado) en su celda. De igual forma todo se tornó tormentoso y sus familiares y allegados descartaron por completo la posibilidad del suicidio. Más allá de representar tendencias político-ideológicas contrarias y de ocurrir en contextos completamente distintos, en ambos casos toda la competencia recae sobre el Estado y sus instituciones, porque como lo establece el marco jurídico constitucional, es el Estado la instancia responsable de velar por la seguridad, integridad personal y dignidad de aquellas personas que estén bajo custodia.
Alertamos que este suceso no es aislado. Solo basta hacer un recuento de hechos acontecidos en los últimos meses para comprender que la resquebrajada institucionalidad venezolana, que ha sido repartida entre grupos económicos de poder (formales e informales), viene implementando mediante mecanismos de “Terapia de Shock” [6] una política sistemática de terror, amedrentamiento, represión selectiva, persecución y violación de la integridad corporal y psico-emocional de los sujetos que considere como enemigos. Una política bien diseñada y difusa para generar confusión y miedo en la población.
Las múltiples y permanentes denuncias de ajusticiamiento por parte de organismos de seguridad (FAES, SEBIN, entre otros) contra habitantes de zonas populares [7], son una muestra clara de que el estado asume en base a unos criterios sumamente discriminatorios y raciales la “justicia” en sus manos y asesina al que considere necesario, pasando así por encima de las leyes, del debido proceso y las estructuras judiciales pertinentes.
El apresamiento de guardias nacionales en Apure por denunciar condiciones precarias en su lugar de trabajo o el de bomberos en Mérida por comparar a Maduro con un burro [8] evidencian el hostigamiento contra agrupaciones o individuos que contraríen la narrativa oficial con denuncias contundentes o incluso el uso del humor. A pesar de lo controversial del caso, por tratarse de un individuo claramente involucrado en asuntos ilegales y criminales, la cremación sin ningún de autorización de José Antonio Colina, alias “El Picure”, [9] demuestra que estas instancias estatales están dispuestas a violentar creencias espirituales o religiosas para ocultar información o hasta aplicar el denominado “ajuste de cuentas”.
Incluso resulta pertinente recordar el asesinato de Aldrin Torres, militante del PSUV y ex-diputado del Consejo Legislativo del estado Bolívar que venía denunciando sistemáticamente situaciones irregulares en el Callao, Tumeremo y demás zonas mineras, como una muestra de un asesinato político que pretenden diluir como un simple crimen del hampa; esto último con la plena intención de omitir la relación directa o indirecta que existe entre el denominado “Pranato Minero” y organismos formales (sujetos o instancias de la FANB y/o gubernamentales). Los ejemplos sobran para seguir develando el carácter autoritario del gobierno.
Ante la muerte de Albán, exigimos una investigación transparente y autónoma, con participación de los familiares de la víctima y de instituciones independientes, cuyos resultados deben ser expuestos públicamente a la ciudadanía. En caso contrario la verdad seguirá oculta y seguiremos siendo víctimas de las campañas mediáticas de desinformación y manipulación.
Por último, queremos expresar nuestra indignación ante lo ocurrido. Comprendemos y compartimos el dolor de los familiares de Albán y la conmoción que aún atravesamos grandes sectores de la sociedad venezolana. Entendiendo y siendo parte de este sentimiento aclaramos que muy a pesar de las profundas diferencias político-ideológicas que tenemos y seguiremos teniendo con la organización Primero Justicia, reconocemos y respetamos en todo momento los derechos constitucionales de cada uno de sus miembros, incluso de sus dirigentes. Lo mismo aplica para todos los dirigentes del actual gobierno, responsable de la catástrofe humanitaria y ambiental que está sufriendo el país. Hacemos un llamado al pueblo venezolano a continuar la denuncia de estas y otras atrocidades y a organizarnos de manera autónoma para resistir los embates del ajuste y el autoritarismo perpetrado por el Ejecutivo Nacional.
Por más dolorosa e indignante que sea la situación nuestra respuesta ante el terrorismo de Estado no puede ser aislada, reaccionaria, ni vanguardista. Este tipo de respuestas anti-democráticas y discursos reaccionarios afectaron negativamente las movilizaciones del 2017, que en cuatro meses fueron derrotadas. Cabe ver la historia de nuestro país vecino, Colombia, en el que ocurrió un genocidio político contra la oposición organizada en la Unión Patriótica en el que asesinaron a miles de líderes. El Estado Colombiano terminó reconociendo su vinculación en dicho crimen varias décadas después. [10]
Una población sumergida en el odio, el resentimiento y la polarización política es el escenario al cual apuestan los regímenes totalitarios y anti-democráticos y sectores ultra-conservadores como el candidato presidencial en Brasil, Jair Bolsonaro, que sin ningún tipo de vergüenza afirmó que “el error de la dictadura fue torturar y no matar”. Se fomenta una política de guerra que es funcional al poder y a los negocios mafiosos, y a la par aplican medidas de ajuste anti-popular y anti-obrero, como otra expresión del Terrorismo de Estado, cuyas grandes consecuencias las padecemos principalmente los trabajadores, con salarios de hambre y un marco general de retrocesos que apunta a defenestrar derechos alcanzados en años de luchas laborales.
Así, ha ocurrido en Colombia durante décadas y así podría ocurrir acá. No permitamos que se consolide definitivamente esa política en Venezuela. Demos un vuelco a las formas de resistir y apostemos a la tarea titánica de unión del pueblo venezolano por la dignidad, en defensa de los derechos humanos y por la construcción de un nuevo proyecto nacional en el que exista plena libertad a decir lo que se piensa, el respeto a las a las posiciones políticas y a las creencias el marco de un estado laico, y en el que predomine la democracia y el protagonismo popular ante cualquier sector que pretenda imponer su visión única del mundo.
Reproducido de Anticapitalistas en Red
Referencias
[1] Twitter de la cuenta oficial @NestorReverol. https://twitter.com/NestorReverol/status/1049386165416148994
[2] “Fiscal Saab informa que el concejal de Primero Justicia Fernando Albán “se suicidó” “. Por APORREA.ORG – AGENCIAS. 8 de octubre de 2018. https://www.aporrea.org/ddhh/n332603.html
[3] Twitter de la cuenta oficial @NestorReverol. https://twitter.com/NestorReverol/status/1049386288581931008
[4] Esto según el abogado de Fernando Albán, Joel García. https://www.aporrea.org/ddhh/n332603.html
[5] Twitter de la cuenta oficial @julio_ven12, como ejemplo de las matrices de opinión por redes. https://twitter.com/julio_ven12/status/1049673715410178048
[6] Hacemos referencia al libro de la periodista Canadiense, Naomi Klein. “La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre” (2007).
[7] Entre algunas de las múltiples denuncias sobre ciudadanos ajusticiados este 2018 tenemos casos como el de: Andry Colina Ramírez (22 años, Los flores de Catia – Caracas), Gregory Yegues (22 años, Ciudad Tiuna – Caracas), Wilker Mejías (17 años, Los eucaliptos – Estado Carabobo). Los mismos se pueden verificar en los siguientes enlaces:
http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/senalan-cicpc-por-muerte-hombre_250514
