Aniversario de la II República
Hoy 14 de Abril se cumplen 88 años del triunfo de la bandera tricolor. En Abril de 1931, tras un auténtico plebiscito entre monarquía y República, el triunfo de la bandera tricolor se levantó en gran parte del país. Supuso un importante cambio, y avance en el ámbito social, político y por supuesto institucional, reformas agrarias, voto femenino, aumento de producción en industrias, reforma educativa y cultural…aun así la violencia entre izquierda y derecha se intensificó plasmándose en la inestabilidad del régimen, hasta el fin de esta forma de Estado en 1939, tras la victoria, fruto del golpe de Estado, en manos de Franco.
Aun así, es necesario aclarar que la República no solo sufrió una derrota en 1939, sino que sufrió otra también de gran importancia, tras la transición, donde se implanta el olvido y la impunidad, de aquellos que habían asesinado y torturado, a cambio de una monarquía parlamentaria. Pero debemos saber que ninguna Constitución impuesta puede instaurar soberanía, si no ha sido el pueblo el que democráticamente ha decidido su presente, su futuro y el que ha hecho justicia por el pasado.
El art. 1 de la Constitución Española hoy vigente expresa “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
¿Cómo puede una forma de Estado tan anacrónica como la monarquía, ser una garantía democrática respaldad por nuestra Constitución? El término “democrático” que se deriva del art. 1 de la Constitución, y la monarquía-parlamentaria (heredada del franquismo) que deriva del art. 3 de la misma, y hoy instaurada, son dos términos contrapuestos, que no pueden garantizar una real democracia de todas y todos los españoles.
Hoy las calles no solo se llenan de la bandera tricolor para reivindicar una Estado más justo, libre y democrático, sino para reclamar y para reparar lo que en su día supuso pasar por encima de la voluntad democrática y constitucional del pueblo español, pues no hay nada de legitimo en una Constitución que fijó la voluntad de Franco y sus sucesores, un modelo constitucional en el que los y las españolas no tuvieron ni voz ni voto.
El mecanismo que usaron para pasar por encima de estos crímenes sin más, fue la ley de Amnistía de 1977. A nuestras instituciones les gusta mucho faldar de sus “medallitas” internacionales, pero este internacionalismo se descompone y se cae por los suelos, cuando se impide que autores de violaciones a los derechos humanos sean llevados ante los tribunales, cuando se impide a través de los tres poderes del Estado, que avancen medidas tanto ejecutivas como legislativas para acabar con la ley de amnistía, invocandola para justificar la imposibilidad de investigar estos crímenes que se cometieron.
Se ha llegado a suspender del cargo de judicatura al Juez Garzón, quien intento llevar a cabo investigaciones contra estos crímenes cometidos durante la guerra civil y el franquismo. Y se han rechazado las peticiones de extradicion de la jueza Argentina Servini, como también nuestro gobierno ha rechazado la posibilidad de declaraciones de testigos, y de imputados, amenazando con romper relaciones entre los países.
La querella Argentina es el único proceso judicial del mundo que investiga los crímenes del franquismo, a través de la via de la justicia universal, ya que en nuestro país la Ley de Amnistía bloquea todo tipo de procesos que intente investigar los crímenes del franquismo, lo cual va en contra de todas las obligaciones internacionales de las que luego presumimos.
“La memoria coloca a las personas en su sitio, a las vivas y a las asesinadas”, esto expresa el presidente de la asociación para la recuperación de la memoria histórica, Emilio Silva. La ley de memoria histórica, es una ley totalmente incompleta, pero además una mentira.
Con esta ley (Ley 52/2007, 26 diciembre) no se persigue para nada la necesidad de reparación, de implantar la verdad y la justicia. La vaguedad de todos su términos, es un insulto para la necesidad de rearmar nuestra historia. No se garantiza absolutamente nada, sino que se respaldan en “tomar las medidas oportunas” o en “dar subvenciones”. Y teniendo en cuenta la trayectoria de nuestro país esas medidas oportunas están respaldadas por la Ley de Amnistía de 1977. Lo único que está ley representa es impunidad, una impunidad que se responde a través de la organización por, la lucha, y la esperanza de todas aquellas personas que persiguen un camino por el que se haga justicia.
A una sociedad no se le puede obligar al olvido, no se le puede exigir que borre un pasado que está presente hoy día como forma de Estado de Derecho, un Estado que se asienta sobre sus propios crímenes que no es capaz de juzgar. Y un pueblo no puede avanzar sobre unos cimientos manchados de sangre, no puede avanzar sabiendo que hay más de 100.000 desaparecidos, que hay familias esperando a encontrar a padres, hermanos, abuelos, hijos…esperando a que se haga justicia, porque progresar en este sentido no es “remover el pasado” es luchar por la memoria, verdad y justicia, por todos y todas las que lucharon, porque no es sólo la lucha de nuestros abuelos y abuelas sino también la nuestra, por el hoy, por el pasado y por un futuro en el que se pueda disfrutar de la libertad, del derecho a la autodeterminación de los pueblos y de conquistas sociales de fondo, en definitiva, de una República Socialista. ¡Salud y República!
Laura Jaén
