Ante un nuevo recorte a la libertad, ganemos las calles
Puesto a prueba en Murcia desde septiembre, el “Trifacho” pretende extender el llamado “pin parental” a aquellas regiones donde gobiernan. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Es necesario limitar el contenido que los niños reciben en las escuelas? Aquí nuestra opinión.
Desde hace varios días atrás, fomentado por la derecha y la ultraderecha un nuevo debate ha ganado los medios. Y es que ante la conformación del nuevo gobierno, intentan entrometerse en la vida de todos los ciudadanos y lo quieren hacer desde un nuevo ataque a la educación.
El llamado “pin parental”, que desde septiembre se aplica en Murcia, es una solicitud escrita que va dirigida a los directores de los centros educativos mediante la cual los padres le piden a las autoridades que les informen previamente sobre cualquier materia , charla, taller o actividad que afecte a cuestiones sobre identidad de género, feminismo y diversidad, entre otras.
Para Vox, el PP y Cs el aumento de femicidios, violaciones y ataques a miembros de la comunidad LGBTIQ es un invento de los medios, por lo tanto es una realidad que niega. Pero no pueden desconocer que cada 8 de marzo somos cientos de miles en todo el país haciendo huelga, o que ante cada femicidio somos cientos las que salimos a las calles a exigir justicia. El “pin parental” es querer tapar el sol con un dedo. Recortar derechos de los niños a la educación solo fomentará la desigualdad, en un mundo que diariamente pelea por mayor igualdad.
Creemos que el Trifacho debería hacerse una pregunta ¿educamos para vivir en sociedad o para vivir en familia? En 1848 Karl Marx escribió en el Manifiesto Comunista «La educación es fundamental en la transmisión y perpetuación de la ideología dominante hay que sustraerla del ámbito doméstico convirtiéndola en social”.
Lo que pretende Vox en la Región de Murcia principalmente es la imposibilidad de que el menor sea titular pleno de los derechos fundamentales que la constitución le atribuye (a excepción de los derechos de participación política), quedando atados por tanto a la ideología que predomine en el ámbito doméstico.
A la hora de analizar esta nueva medida, debemos tener en cuenta que los hijos son una responsabilidad, no una propiedad, y es el Estado el que está obligado a velar por su protección, para que sus derechos (los de la infancia y la adolescencia) se respeten. Este reparto de roles, donde las obligaciones le corresponden al Estado, las responsabilidades a los progenitores y cuando se habla de derechos nos referimos a menores de edad, no es invento de la ministra Celaá, tampoco del PSOE ni de Unidas Podemos. Es fruto del ordenamiento jurídico sobre el que se basa todo el sistema de protección a la infancia y adolescencia desde los años ‘80.
Leyendo lo que pretende el Trifacho cabe hacerse una pregunta, ¿para quién es intrusivo o controvertido el contenido? ¿para los niños y niñas, para los padres y madres o para un sistema que nos pretende dormidos y sin pensamiento propio? Es indispensable dotar al menor de un grado de autonomía que se base en la libertad psicológica y la capacidad de elección a la hora de desarrollar su formación personal desde una perspectiva crítica, basada en valores como el respeto y la convivencia desde los derechos individuales y colectivos. Hay ocasiones en las que el menor quizás no está capacitado para poder elegir por sí mismo, pero en ese sentido la facultad de los padres no es la de decidir sobre sus hijos, no existe un derecho de los padres sobre las conciencias de sus hijos e hijas, sino que en ese caso los padres tienen una mera facultad de “guía”.
Con este nuevo recorte a las libertades, Vox pretende ampararse incluso en la Constitución, exactamente en el art. 27.3, teniendo además en este sentido el apoyo del PP que gobierna en Murcia junto con Ciudadanos. Pero es erróneo interpretar este artículo de manera aislada, y pensar que los padres y madres tienen la potestad de transmitir a sus hijos una visión unidimensional del mundo. Los intereses de la derecha y la ultraderecha son claros, cuando hablan de Cataluña rápidamente hablan sobre la inconstitucionalidad de la situación y de la aplicación del art. 155. A la hora de hablar de la constitucionalidad o no del “pin parental”, incluso se atreven a ampararse en ella para que la medida salga a flote, poniendo en riesgo una educación integral que contribuya al libre desarrollo de la personalidad y de la autonomía de los niños y niñas.
De más esta decir que este nuevo “veto parental” obvia varias interpretaciones a nivel legislativo, por ejemplo a nivel internacional la Convención Internacional de los Derechos del niño (Convención de la que por cierto, Vox se desmarca), y a nivel nacional la Ley Orgánica 11/1996 de Protección Jurídica del Menor, en la que, lejos de la concepción que proyecta el partido de ultraderecha, dichos instrumentos legislativos conciben al niño o niña, no como un mero objeto de protección y propiedad de los padres sino como ciudadano y sujeto de derechos, lo cual tiene consecuencias importantes en el ámbito de su libertad de conciencia.
Recortar las libertades , querer avanzar contra derechos conquistados, amenazar la educación, son las herramientas de la derecha y sus secuaces cuando quieren ir contra una sociedad que ya dijo más de una vez Ni un paso atrás. Desde Socialismo y Libertad Estado español y Juntas y a la Izquierda defenderemos nuestros derechos donde mejor sabemos hacerlo, en la calles y organizados. Por eso el próximo 6 de marzo nos adherimos a la huelga convocada por el sindicato de estudiantes, contra la involución franquista del “pin parental” todas y todos a la huelga!
Laura Jaén y Flor Salgueiro