Apagón histórico: síntoma de un sistema energético frágil

El lunes 28 de abril, el Estado español sufrió uno de los apagones más graves de su historia. En apenas cinco segundos, el sistema eléctrico perdió 15 gigavatios de potencia, dejando sin luz a ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Santiago de Compostela, con efectos incluso en Portugal y el sur de Francia. Trenes y metros se detuvieron, hospitales vieron afectado su funcionamiento y millones de personas quedaron vulnerables ante la falta de servicios esenciales. El martes el suministro se está restableciendo, pero la normalidad aún no está garantizada.
Según explicó el presidente Pedro Sánchez, el incidente se debió a una «caída súbita» en la generación eléctrica, probablemente por fallos en varias plantas de energía. Sin embargo, expertos no descartan otras causas, como un encadenamiento de errores técnicos, fallos en la red de alta tensión, ciberataques o errores humanos. Las autoridades ya “abrieron el paraguas” diciendo que conocer el origen exacto del problema puede llevar tiempo.
La REE (comercialmente conocida como Redeia) es el operador de la red de alta tensión y responsable de las infraestructuras críticas. No comercializa electricidad como Iberdrola o Endesa, sino que gestiona el transporte eléctrico. Hasta ahora considerada fiable, este episodio pone en duda su capacidad de respuesta ante emergencias.
Resulta evidente que no existieron sistemas de respaldo suficientes ni protocolos eficaces de contingencia. Esta fragilidad refleja años de complicidad entre los gobiernos del PP y del PSOE y las grandes empresas energéticas, muchas de las cuales terminan empleando a exfuncionarios públicos. Aunque el gobierno ha pedido informes a las compañías, resulta difícil imaginar sanciones ejemplares si se detectan negligencias.
Las medidas gubernamentales
Tras el pico de crisis y a pedido de las Comunidades Autónomas, el Ministerio del Interior decretó, el estado de emergencia en regiones como Castilla-La Mancha, Andalucía, Galicia y la Comunidad Valenciana. Se creó un comité interministerial de coordinación, se anunció una revisión urgente de las infraestructuras eléctricas y una investigación.
Sin embargo, la respuesta fue más lenta y desorganizada de lo necesario, especialmente para los miles de personas atrapadas en trenes, estaciones y aeropuertos. Muchas de ellas, debieron pasar la noche en las estaciones de trenes, ya que no tenían como volver a sus hogares. Además, el gobierno no suspendió las actividades no esenciales, dejando en manos de los trabajadores la decisión de cómo actuar, a pesar de los riesgos en transportes y desplazamientos. Esta falta de prioridad hacia la seguridad laboral recuerda actitudes vistas durante la pandemia de Covid-19 y la DANA con la inacción de los sindicatos mayoritarios, más dispuestos a no contrariar a las patronales que a defender a los trabajadores.
Cabe mencionar que también hubo quienes aprovecharon para propagandizar la utilidad de adoptar el KIT de emergencia para 72 horas que propuso la Comisión Europea, en clara preparación de la militarización social y justificación del rearme.

El apagón revela la vulnerabilidad del sistema eléctrico nacional frente a fallos graves. Aunque el restablecimiento se apoya en interconexiones con Marruecos y Francia, se han expuesto problemas profundos.
La privatización de sectores estratégicos ha subordinado la seguridad energética a la rentabilidad empresarial: tarifas elevadas, desinversión en mantenimiento e infraestructura, y falta de planes robustos para contingencias graves. Mientras las empresas capitalistas buscan maximizar sus ganancias, la población queda expuesta a situaciones de crisis.
Frente a esta realidad, urge plantear una transformación profunda del sistema: los servicios esenciales como la energía y el transporte deben ser públicos, bajo el control de trabajadores y usuarios, cuestión que podría garantizar un gobierno de los trabajadores y el pueblo en un sistema socialista.