Una sentencia injusta, vengativa y repudiable

El fallo del TS consuma un ataque a los derechos fundamentales que es necesario rechazar movilizados.  El Tribunal Supremo ha hecho público el fallo a los 12 líderes los independentistas juzgados por el Procés. No hubo discrepancias entre los siete magistrados presididos por Manuel Marchena que decidieron por unanimidad: entre 9 y 13 años de prisión por sedición y malversación, con inhabilitación. Toda la instrucción de la Fiscalía fue armada en base al delito de rebelión con violencia, pero fue desmontada por los testigos. Fue una farsa de tales proporciones que ni el TS la pudo sostener. Los jueces consideran que hubo violencia en la concentración ante la sede de la Consejería de Economía el 20 de septiembre y dentro y fuera de los colegios electorales el 1-O, pero que no fueron instigados por los independentistas juzgados. En realidad, ambos hechos fueron gigantescas demostraciones de participación popular movilizada en las que la única violencia existente la protagonizaron los organismos represivos del Estado.

El tribunal ha dictaminado que se promovieron movilizaciones “tumultuarias” para obstaculizar la aplicación de las leyes y la actuación de la justicia. En base a esto, le ha atribuido el delito de sedición a: el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; y los líderes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Junqueras y los otros cinco exconsejeros ya encarcelados también fueron condenados por malversación de fondos. El tribunal considera que usaron dinero destinado a sus departamentos para la realización del Referéndum del 1-O, declarado ilegal. Se aplicarán por “concurso medial”, es decir, no porque se haya probado la utilización de los fondos mencionados sino por la consideración que la sedición no se pudo producir sin la malversación. Las defensas ya han anunciado que apelarán ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La inquisición judicial está muy lejos de haber finalizado. Todavía hay seis independentistas en el exilio, entre ellos el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que el tribunal espera poder juzgar a partir de la reactivación de las euroórdenes de detención. Y hay centenares de activistas procesados y perseguidos como los casos de Adri, Tamara, Laia y Lluís o los detenidos del 23S en Sabadell.

Las instituciones del régimen del 78 están absolutamente caducas, no pueden ofrecer ninguna salida progresiva a los reclamos democráticos y sociales…

Todo el juicio fue una farsa, fue vengativo, injusto y amedrentador. No estuvo centrado en la verdad de los hechos sino en el castigo ejemplar a los independentistas, siguiendo la orientación indicada por el poder político. Así vuelve a confirmarse que se trata de una justicia dependiente del poder político, cuyos jueces son sus empleados designados a dedo, que actúa como brazo legal de quiénes pretenden resolver los enormes problemas políticos españoles judicializando y castigando a los que opinan distinto y reclaman por ello. Los condenados son 12, pero es un fallo que va contra los dos millones de catalanes que votaron por sí o por no en el Referéndum del 1º de octubre. Fue a todo un pueblo al que se sentó en el banquillo y se condenó.

Las instituciones del régimen del 78 están absolutamente caducas, no pueden ofrecer ninguna salida progresiva a los reclamos democráticos y sociales de las grandes mayorías de los trabajadores ni a los reclamos de los pueblos del Estado español. El régimen monárquico parlamentario, nacido en la fragua del franquismo y moldeado por los protagonistas y cómplices de la transición, es cada vez más retrógrado, anacrónico y represivo. Hoy se expresa principalmente contra los catalanes, pero también lo hace contra todos con la Ley Mordaza, los recortes a las libertades democráticas, los ajustes y derechos sociales cercenados a costa de satisfacer a la UE, del Banco Mundial y el FMI.

A las “democracias avanzadas” europeas se les cae la máscara. Deja ver represión a los reclamos sociales y democráticos. Vulneración de derechos humanos a los inmigrantes con la xenofobia que practican los gobiernos y las personas que dejan morir en el Mar Mediterráneo. Ataque a las conquistas obreras, con las brutales reformas laborales, los despidos, los bajos salarios, los alquileres caros y la destrucción de la salud y la educación públicas. El bloque imperialista de la UE sólo sirve para garantizar las ganancias de las grandes empresas y los banqueros, para recortar libertades e imponer sus fronteras a los pueblos europeos. La UE es uno de los carceleros del pueblo catalán, al que le ha negado sistemáticamente el reconocimiento al derecho de autodeterminación.

Este nuevo atropello del Estado español debe recibir un rechazo contundente en Catalunya, en los pueblos de Europa y de todo el mundo.

Las condenas no serán recibidas ni con resignación ni de brazos cruzados, de hecho ya han comenzado. A pesar de todo, el pueblo catalán sigue movilizado por la libertad de los presos políticos y por su derecho a la autodeterminación. Sabiendo que la condena es rechazada por el pueblo, el régimen del 78 ha respondido: con la amenaza de volver a aplicar el 155 y con un dispositivo que se ha comenzado a ejecutar desde el sábado pasado. Consiste en el despliegue de 2000 policías y guardias civiles adicionales en Catalunya, organizados por el Ministerio del Interior. A los Mossos de Esquadra en actividad se agregarán un extra de 1000 antidisturbios. Los responsables de esta situación son el Rey, el PP, el PSOE y los que los avalan como Ciudadanos y VOX.

Este nuevo atropello del Estado español debe recibir un rechazo contundente en Catalunya, en los pueblos de Europa y de todo el mundo. Los que se dicen republicanos, progresistas o de izquierda deberían ser los primeros en condenar la actuación del régimen. Desde SOL, como integrante de la Liga Internacional Socialista, seguiremos luchando junto al pueblo catalán en las calles. Movilización masiva, desobediencia y huelga general por la libertad de los presos políticos y exiliados y la autodeterminación.

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