Los más vulnerables I: trabajadoras de ayuda a domicilio y del hogar

Comenzamos la publicación de de notas sobre los sectores más perjudicados.

Por Isa Ruíz

Con la declaración del Estado de alarma se profundizaron las apelaciones del gobierno a la “unidad de empresarios y trabajadores” , a los “esfuerzos en común” y a la “responsabilidad ciudadana” y otros que ridículamente hacen referencia a “valores patrióticos”. Lo cierto es que el grado de exposición al contagio, los esfuerzos para detener la expansión y, principalmente, las consecuencias sociales por el Covid-19 no afectan a todos por igual. Los trabajadores de la salud en especial y todos los que están obligados a seguir prestando servicios son los más expuestos. Como así también lo son los inmigrantes, las mujeres, los jornaleros y trabajadores del campo, los ancianos que viven solos o en Residencias de Mayores y muchas otras personas. Son los que no tienen mansiones para encarar el confinamiento, ni empleados que les hagan compras, les cuiden a los niños o a los familiares mayores, A estos sectores sociales deberían destinarse los principales recursos.

Desde que se decretó el Estado de Alarma en el Estado Español, las diferentes plataformas de Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de todo el país, están denunciando que no se ha activado ningún protocolo de actuación en su ámbito laboral y que están trabajando sin el equipamiento de protección necesario. Siendo éste un sector muy expuesto y que trabaja con personas de riesgo, lo lógico sería actuar con rapidez y eficacia para que puedan desempeñar su función con seguridad, pero por el contrario se está dando un abandono de las trabajadoras por parte de las autoridades.

…no se ha activado ningún protocolo de actuación en su ámbito laboral y que están trabajando sin el equipamiento de protección necesario.

En estas situaciones es cuando debemos reflexionar sobre el desmantelamiento de los servicios públicos, ya que actualmente el Servicio de Ayuda a Domicilio lo gestionan empresas privadas que tienen acuerdos con la administración en la mayoría de las ciudades y los pueblos del país. Como vemos, el resultado de esto en momentos de crisis es nefasto y deja tanto a la trabajadora como al usuario/a totalmente desprotegidos. Entre las medidas sociales y laborales que ha decretado el gobierno no hay ninguna concreta para este colectivo, el único sin derecho a paro y que puede ser despedido simplemente por falta de confianza, el llamado “despido por desistimiento”. El Ejecutivo se había comprometido precisamente a ratificar el convenio 189 de la OIT que da más derechos a las empleadas del hogar, reclamo por el cual vienen luchando desde hace mucho, pero no solo no cumple ese compromiso, sino que en la actual situación abandona a estas trabajadoras.

Carolina Elías, presidenta de la Asociación Servicio Doméstico Activo (Sedoac) señala: «Es una gran decepción de un Gobierno que se dice progresista. Saben que este es un sector vulnerable que está prestando un trabajo muy importante»(…) «Nos están pidiendo a todas y todos que pongamos nuestro granito de arena, lo que no puede ser es que a un sector tan precarizado nos sigan pidiendo un sobre esfuerzo y sigamos sin consideración ni del Estado ni de la sociedad. ¿Cómo vamos a llegar a fin de mes? Esto es la pobreza para muchísimas mujeres».

También es necesario apuntar que dentro del ámbito de los cuidados hay diferentes condiciones laborales y situaciones. Las trabajadoras internas o las trabajadoras del hogar contratadas por las familias están todavía más desprotegidas, ya que en muchos casos las mujeres que hacen estos trabajos son migrantes sin papeles y es habitual que no haya un contrato laboral. En estos casos, se están dando situaciones de encierro de la trabajadora dentro de la casa de los empleadores sin derecho a salir a estar con sus familiares por miedo a ser despedida.

…debemos reflexionar sobre el desmantelamiento de los servicios públicos…

Para poner fin a esta problemática se debe escuchar a las propias trabajadoras que están denunciando incansablemente su situación y exigen que se les faciliten los equipamientos de protección necesarios para ellas y de esta forma, también para las personas con las que están en contacto directo. Además, solicitan a las administraciones soluciones como el decreto de unos servicios mínimos que compatibilicen el servicio con la seguridad de las trabajadoras.

Ya basta de apelar desproporcionadamente a la responsabilidad ciudadana mientras se abandona a distintos sectores y se protegen las ganancias de las grandes empresas del país con fondos públicos. Ya basta de pedir disciplina social a la población para que no salga a la calle mientras se está obligando a trabajadoras a acudir al puesto de trabajo sin ninguna seguridad. El ‘’gobierno de coalición progresista’’ está poniendo los intereses de los capitalistas y del IBEX35 por encima de los derechos laborales del conjunto de la población y, como podemos ver, los sectores más vulnerables y precarizados se encuentran totalmente desprotegidos.

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