PGE: Basta de “comerlos con patatas”

En trámite. Los enfrentamientos y negociaciones entre los bloques parlamentarios por los Presupuestos Generales del Estado 2021 (PGE) van hacia un desenlace. El gobierno PSOE-UP obtuvo una mayoría de 198 votos contra 150 y consiguió el rechazo de las siete enmiendas a la totalidad que pedían la devolución del proyecto al ejecutivo. Con este resultado, continúa el trámite parlamentario, se volverá a debatir y votar en la Cámara Baja con fechas 30 de noviembre y 3 de diciembre y se girará al Senado. Aunque en un país sumido en una profunda crisis institucional, económica, política y social, no se puede decir “ya está dicha la última palabra”, el gobierno se ha encaminado hacia la aprobación definitiva.

Seducción fracasada. Desde el inicio de los debates el gobierno buscó negociar con el PP y Ciudadanos. Por eso, los funcionarios lamentaron amargamente que los populares se alinearan con la ultraderecha de VOX en el rechazo. Ciudadanos, en su intento adquirir un perfil de centro derecha, primero se mostró dispuesto a negociar, pero finalmente “volvió a las fuentes” y anunció su rechazo a cualquier acuerdo que incluyera a “etarras e independentistas”. El gobierno tuvo la política de seducir a la derecha, pero fracasó.

Los socios.  En ese contexto la coalición volvió a apelar a sus socios de investidura, aún a costa de recrear una relación inestable y compleja. El PNV no dejó pasar la oportunidad de acordar, como lo hacía con Rajoy, ya que es socio de quién sea mientras que el interlocutor de turno le garantice sus exigencias económicas. También lo hizo EH Bildu que apoya a Pedro Sánchez para «abrir una ventana de oportunidad a la democratización de España» como parte de una estrategia en proceso para «crecer y alcanzar la república vasca». Y, sin sorpresas, volvió a sumarse ERC, dándole continuidad a su política de intentar negociar con el gobierno a toda costa.

¿¡Presupuestos libertarios!? Más allá de la sostenida fraseología crítica e independentista, se levanta una construcción de apoyo al gobierno burgués y por esa vía al régimen monárquico-parlamentario del ´78. Las libertades democráticas que los pueblos defienden en las calles no se pueden intercambiar por beneficios económicos que irán a las arcas de las burguesías locales. Los que desde un discurso por la libertad apoyan al gobierno PSOE-UP,  se acercan más al reclamo por una autonomía retaceada que a las Repúblicas Catalana y Vasca, en medio de una ofensiva continuada del Estado español contra las libertades democráticas, con represión, presxs políticxs y exiliadxs.

Memoria reciente. En 2018, cuando Rajoy estaba a punto de dejar el poder, les dijo a quienes luego lo reemplazarían: «Se los van a tener que comer con patatas», aunque cambie el gobierno. En el otro extremo, Pablo Iglesias definía aquellos presupuestos como: «… migajas sociales, los presupuestos de la estafa, consolidan un modelo basado en la extrema desigualdad y la precariedad. es un presupuesto que aboca la mayoría social a vivir en la más absoluta inseguridad, reducen al mínimo el estado de bienestar…». Seguramente se acuerda de lo que dijo, pero, a la luz de tantas promesas incumplidas, hay quienes se preguntan si realmente impulsará un quiebre profundo con el presupuesto anterior.   

¿Otra vez “con patatas”? Con estos antecedentes, se plantean varios interrogantes ¿qué pasara con los PGE2021 ¿se revertirían los recortes en salud?¿mejorará la educación? ¿se frenarán los despidos y los ajustes a los trabajadores? ¿se resolverán las injusticias con los pensionistas? ¿Se eliminarán los millones de euros destinados a la realeza corrupta para que Juan Carlos I se dé la gran vida y se fugue de España? Todo indica que nuevamente, querrán que el pueblo se coma el presupuesto “con patatas” y asuma los costos de la crisis. Como están planteados, los PGE no resolverán ninguno de los problemas sociales de fondos, agudizados por la pandemia, sino que volverán a favorecer a los más ricos y poderosos.

Cambiar algo, para sostener todo. Los recursos que alimentarán el presupuesto saldrán de los millones de euros prometidos a España con el fondo de recuperación de la UE, una vez que superen el bloqueo de Hungría y Polonia. De la mano de los fondos llegarán los ajustes, como denunciaron los diputados de la CUP cuando presentaron enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Es cierto que aumentará la inversión pública, pero en una proporción muy inferior a las enormes necesidades sociales, principalmente en salud y educación públicas. Los ingresos obreros seguirán deteriorados por la reforma laboral y salarios insuficientes.  Las pensiones se actualizarán según el IPC, pero alargando la edad jubilatoria.  Los recursos no se usarán para recibir a los miles de inmigrantes que huyen de África hacia la UE, sino para impedirles el ingreso a la UE o expulsarlos en caliente si cruzan las fronteras. El dinero se seguirá azuzando el militarismo y el apoyo a Marruecos, tanto como gendarme de la inmigración, como ocupante del Sahara Occidental. Los fondos no priorizarán las medidas contra el desempleo, ni la lucha contra el machismo patriarcal con un aumento presupuestario acorde con la grave situación que viven las mujeres. Como venimos denunciando, las grandes favorecidas serán las grandes empresas del IBEX35 y los más ricos. Hace tiempo que vienen preparando ese destino en las reuniones entre funcionarios y grandes patrones, bajo la formulación de una colaboración mutua. Se está comenzando a corporizar con los PERTE para controlar y ejecutar los mayores proyectos de inversión dotados con el fondo europeo, bajo el control del Consejo de Ministros, suavizando los controles  en contratación pública y subvenciones empresariales, es decir, haciendo la “vista gorda” legalizada por el Estado.

Movilización para una agenda obrera y popular. El “mal menor” es la misma trampa política que los partidos repiten en todo el mundo como fórmula para sostener los regímenes y el statu quo. Tampoco es original plantear “apoyar lo bueno y rechazar lo malo” algo que siempre termina en lo mismo: no cambia nada. Lo que se necesita es que las centrales sindicales mayoritarias CC.OO. y UGT llamen a luchar, a movilizar, a la huelga general para imponer un presupuesto realmente progresivo en favor de la clase trabajadora y los sectores populares, que refleje fielmente los intereses de los más necesitados que constituyen la gran mayoría de la sociedad.

Por una nueva alternativa política. El presupuesto de Rajoy era nefasto, y el de Sánchez-Iglesias no lo cambiará cualitativamente: se diseñó en los despachos de funcionarios del régimen del ´78,  junto al gran empresariado capitalista y bajo las imposiciones de Bruselas. Hace falta un presupuesto edificado desde abajo, con participación popular y democrática, para decidir su propio destino. Y se hace más necesario que nunca construir una nueva alternativa política, un frente de izquierda radical, anticapitalista, de independencia de clase, que llame a movilizar consecuentemente, enfrentando a la socialdemocracia y la centroizquierda con sus trampas reformistas y tanto a la derecha como a la ultra, tanto en las instituciones como en las calles.

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