Nicaragua desde dentro
En Nicaragua, el 16 de febrero la dictadura de Ortega y Murillo emite un comunicado donde indican que se habían reunido con “un grupo representativos de empresarios del Sector Privado Nicaragüense para abordar temas del bien común del País.”
Lo hicieron en presencia del Cardenal y el Nuncio Apostólico del Papa. El comunicado además expresa que “se ha confirmado la necesidad de un entendimiento para empezar una negociación, a través de un encuentro incluyente, serio y franco.” La reacción de todos los sectores populares fue inmediata. Un rechazo severo sobre dicho encuentro a espaldas del Soberano. En esta lógica los poderes fácticos, los tradicionales, vuelven a embestir contra el pueblo. Y se vuelven imminente un nuevo diálogo con la dictadura capitalista asesina. Por presiones del sector empresarial oportunista y la intermediación de la Iglesia y el Vaticano. Una tremenda contradicción. Esta “negociación” es una trampa de la dictadura para ganar tiempo, ganar tiempo en un momento de amplias contradicciones y debilidad.
Un diálogo con los criminales de El Carmén es contradictorio. Ortega y Murillo (ORMU) se encuentran, en este momento, acorralados, debilitados. Primero, porque hace 10 meses, el pueblo cansado decidió movilizarse masivamente, por toda la represión gubernamental, física, económica a través de los reajustes promovidos por el FMI, por el “gobierno de consenso con la empresa privada”, y por las limitaciones a nuestras libertades inalienables.
La población hastiada decidió movilizarse, y así llegamos a Mayo con el 85% del país parado. Y toda esa presión fue puesta por toda la población que se autoconvocó y organizó alrededor de plantones, marchas, manifestaciones, tranques, barricadas, y trincheras dentro de las universidades, los barrios, y los campos. Como son los casos del barrio indígena de Monimbó, la ciudad universitaria de León, los barrios orientales de Managua, el estudiantado de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, el campesinado en la ruta canalera, sólo para mencionar algunos sectores/territorios, que han dado todo lo que se tiene a disposición para enfrentar la cruenta dictadura, sus cuerpos.
En definitiva el país no fue parado por ninguno de los grandes empresarios, ni por Michael Healy y sus tractores luego que afirmara que “si no vemos avances [en el Diálogo Nacional] la próxima semana, los productores vamos a usar nuestros tractores y maquinaria agrícola para parar este país y enseñarle a él, [Ortega] que está solo, acorralado”, dijo en una entrevista del programa Esta Semana. En dicha entrevista también habló de subir la parada del sector empresarial, refiriéndose a un Paro Nacional. Healy, es presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC), uno de los 5 representantes del sector empresarial miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), agrupación dialogante y contraparte del desgobierno en el Diálogo Nacional que se instauró en Mayo 2018, con el beneplácito de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, quién además fungió como testigo y mediadora. En diálogo actual, el es suplente. La entrevista mencionada ocurrió el 30 de Mayo, ese día en respuesta al llamado de las Madres de Abril, -organización de familiares de las víctimas mortales de ORMU-, millones de nicaragüenses se movilizaron exigiendo justicia para las víctimas. En Managua el desgobierno respondió con balas de francotiradores, impactadas contra jóvenes, en sus cabezas, en sus tórax, todos en el frente de la “madre de todas las marchas”, fueron asesinados por Daniel Ortega y Rosario Murillo. La respuesta de la dictadura fue similar en el resto del país.
Hoy en día, la dictadura también se encuentra atrapada, por que el sector empresarial ya entendió que ORMU no piensa dar su brazo a torcer, y que su meta es sobrevivir hasta 2021. Lo que significa pérdidas en sus ganancias gigantescas. En esa lógica, es contradictorio un “diálogo nacional” para alcanzar todas las libertades que demandamos dónde las cúpulas del sector empresarial, co-actor de la consolidación de la dictadura, imponga sus intereses económicos por sobre las libertades populares anheladas.
El otro actor que está colocando en jaque a la dictadura es la comunidad internacional. La Organización de Estados Americanos (OEA) amenaza con aplicar el art. 20 de la Carta Democrática. La Unión Europea (UE) advierte con sanciones “fuertes”, luego del desacato del desgobierno a los acuerdos para la visita de la delegación de eurodiputados, al agredir a las secuestradas políticas, retenidas en el sistema penitenciario “La Esperanza”. En esta lógica para la dictadura, el diálogo es un proceso político con el objetivo de oxigenarse en su estado terminal y, asegurar que su poder sobre el Estado se mantenga, sin importar los resultados que devengan de cualquier proceso de transición que se imponga. La transición que más se escucha es la de elecciones anticipadas para elegir a un nuevo gobierno. Transición que está siendo empujada por la ACJD, Sector Empresarial, Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), y los Estados Unidos. Y esta es la transición que más le conviene al régimen, como antes mencionaba. Una contradicción.
Sobre las garantías previas
La mayoría de las organizaciones populares surgidas a partir de la Insurrección de abril llegaron a un consenso, condiciones mínimas para retomar cualesquier negociación. La primera es liberación de todas las presas y presos políticos. Hoy en día suman más de los 767 presas y presos políticos, según la lista preliminar al 15 de enero del 2019, elaborada por el Comité de Familiares Pro Liberación de Presas y Presos Políticos (CFPLPPP). Cese a todo tipo de represión, persecución y hostigamiento, las fuerzas públicas como la Policía Nacional y el Ejército Nacional deben acuartelarse, desarmar y disolver los grupos paraestatales afines a la dictadura. Se deben establecer garantías de seguridad para el retorno de las miles de personas exiliadas.
Restablecer la irrestricta libertad de prensa, asociación y movilización. La entrega de los bienes robados a medios de comunicación y organizaciones nicaragüenses defensoras de derechos humanos es necesario. Permitir a los organismos de derechos humano internacionales regresar al país para continuar con la investigación sobre violaciones de derechos humanos, que la población nicaragüense desde iniciada la insurrección de Abril ha denunciado y desde antes. En este punto las organizaciones de bases están de acuerdo. Los derechos humanos no deben ser, bajo ninguna circunstancia, un punto de negociación.
Si no se cumple todas y cada una de estas condiciones, aceptar un diálogo con la dictadura asesina y torturadora, es un traición a toda la población nicaragüense. Es una traición por qué las presas políticas nos demandan ser firmes y no negociar sobre la sangre derramada. Es una traición porque estamos siendo utilizados por el sector empresarial para resguardar sus intereses particulares. Es una traición porque es imperante y primordial el juicio y castigo a los criminales de lesa humanidad. No se van a cumplir estas condiciones si se mantiene la dictadura. No nos darán lo que demandamos. Tenemos que tomarlo.
Ortega en cadena nacional, el 21 de febrero del 2019, ha confirmado lo que ya los grandes empresarios exponían: Se reanuda la negociación, que comenzó el miércoles 27 de febrero, con un grupo reducido, a puerta cerradas, y tiró una línea sobre la cuál podría girar la negociación: reformas económicas. En respuesta casi inmediata la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia a espaldas de la población, y de la propia Unidad Nacional -donde confluyen además de la ACJD, la Articulación de Movimientos Sociales AMS, y una serie de expresiones populares surgidas en medio de la insurrección, y de organización que existentes antes del 18 de abril, incluyendo partidos políticos tradicionales-, emitió un comunicado donde anuncia a sus 6 dialogantes, todos hombres, tres de ellos empresarios: José Adán Aguerri del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, Juan Sebastián Chamorro, de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social FUNIDES, Mario Arana de La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), del sector académico a Carlos Türnnerman, José Pallais, político de derecha del partido Frente Amplio por la Democracia, y a Máx Jerez, estudiante de una pequeña agrupación estudiantil sin bases universitarias organizadas, agrupación con serias acusaciones de estar alineada a los intereses del capital. El capitalismo, el patriarcado, el reformismo en una mesa de “negociación” con la dictadura. Una contradicción.
Transición Democrática: Nuevo gobierno o Asamblea Constituyente Libre y Soberana
Hay que reflexionar en el quién tiene la legitimidad de discutir el porvenir inmediato y a largo plazo del país y este no pasa por una mesa de “negociación” con la dictadura de ORMU y el Gran Capital, a vista de la Iglesia y del Vaticano. El tema de justicia, que resulta ser imperante para iniciar la transición, nos delimita los actores claves: Las familiares de las víctimas mortales de la dictadura -organizadas en la Asociación Madre de Abril- y el Comité de Familiares Pro Liberación de Presos y Presos Políticos han expresado su entereza de ser ellas mismas interlocutoras para asegurar la aplicación de la justicia. Pero esto no puede pasar con Daniel y Rosario sentados en la mesa. Estas familias no se merecen ver la cara de los asesinos y torturadores de sus hijas, hijos, esposos, tías, hermanos, nietos. Estas familias merecen encontrar la justicia, asegurando la no repetición, y un proceso profundo de reparación integral junto a las demas sectores agredidos por la dictadura y el régimen, como lo son las expresiones de/con bases estudiantiles, territoriales, del movimiento campesino, de los pueblos originarios, indígenas, afrodescendientes, y criollos; de funcionarios estatales, como del sector médico, y magisterio asediados por el desgobierno, y de las decenas de miles de personas nicaragüenses exiliadas por los crímenes del régimen. Cada uno de dichos sectores, los sectores que pusieron el cuerpo, y dieron todo lo que tenían, con todas sus fuerzas para enfrentarse a la dictadura.
Y es por eso que toda negociación futura, legítima y popular, el punto primordial es la justicia a todas las víctimas de la dictadura. Nuestro compromiso con la justicia, no repetición y reparación integral debe ser irrevocable, apostando por procesos que reconstruya la memoria y establezcamos la verdad de los crímenes de lesa humanidad, contra la población humilde, las reiteradas violaciones a la autonomía universitaria, de los que sufrió toda la población trabajadora. El asedio y persecución al movimiento campesino anti-canal, de los pueblos indígenas, afrodescendientes, de los colectivos de mujeres que ha luchado en la vanguardia por todos los derechos violentados desde hace décadas deben ser abordados. Es nuestro deber histórico romper con todos los ciclos de la violencia que tanto sufrimiento ha provocado en Nicaragua. Así como negamos rotundamente la amnistía, impunidad, e inmunidad a los actores intelectuales y materiales de crímenes de lesa humanidad. Ortega y Murillo no son amnistiables.
El tema de la transición democrática, es el punto común en todos los sectores, con importantes diferencias en torno a los resultados que puede ofrecer para la población nicaragüense. El sector empresarial, la iglesia y la comunidad internacional, incluyendo el gobierno de los Estados Unidos, apuesta fuertemente por elecciones adelantadas para elegir un nuevo gobierno que administre el Estado. La contradicciones de estas elecciones radica en que se vuelven en la “salida suave” para el régimen. Una dónde podrán mantener importantes cuotas de poder entre del estado y sus instituciones administrativas, legislativas, fuerza pública, medios de comunicación, y las estructuras del partido dentro de los territorio, para el control social, principales delatores de sus conterreranexs. Como Ortega decía en los 90, “gobierno desde abajo”.
Para la reconstrucción del estado, es necesario primero a deshacernos del estado, sus instituciones, y el contrato social condensado en la Constitución del 1987 y sus reformas. Debemos de hacernos de todas las garantías para obtener todas las libertades que necesitamos y deseamos. Refundar. La Asamblea Constituyente Popular, Libre y Soberana, se convierte en el canal para alcanzar todas esas garantías. Configuraremos de nuevo al estado, crearemos nuevas instituciones, decidiremos cómo gobernarnos. Desmantelaremos este estado de cúpulas privadas y terratenientes, construiremos otro con perspectivas latinoamericanistas, con la aspiración de una unidad regional con todos los pueblos de Centroamérica, con los que somos de un país dividido por fronteras artificiales del imperialismo y los sectores empresariales locales. haremos todo esto para garantizar una sistema político de democracia de las mayorías, sin castas privilegiadas, con revocabilidad de mandatos. Tomaremos todo. Como Soberano, conquistaremos todas las libertades. Es la respuesta radical, que ocupa la radical forma que el régimen nos ha reprimido.
Una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, dialogará una constitución nueva que sea validada por el pueblo. Acuerpada por las movilizaciones más grande que Nicaragua haya tenido jamás, para vigilar con lupa las propuestas de las y los diputados constituyentes. Esta asamblea debe de ser convocada y electa por la población, para ello es imperioso conformar un instituto electoral con funcionarios con ética y expertis incuestionable y comprobable, sin involucramiento con la dictadura y sus crímenes. Y convocar a elecciones universales, libres y secretas. Las personas a presentarse como candidatas a la constituyente, deben poseer real y legítima representatividad y respaldo del sector de cual es parte. Todos los sectores que han sido históricamente oprimidos deberán conformar la Asamblea Constituyente, mujeres, campesinado, estudiantes, las comunidades indígenas, afrodescendientes, y expresiones territoriales y barriales, incluyendo la representación de víctimas primarias de las dictadura Ortega Murillo. Y ahí empezará la refundación de nuestra Nicaragua.
La salida de Daniel Ortega y Rosario Murillo es inexpugnable. Por eso la apuesta es hacia la carta de “negociación” que tiene el pueblo: la Movilización. Es nuestro deber dirigir todas las fuerzas que se han organizado y articulado para fortalecer y acompañar la movilización de la población. El aniversario de la Insurrección de Abril se acerca, y las ganas por marchar y retomar las calles se pueden cortar en el aire de la Nicaragua; esto lo sabe la dictadura y el régimen, por esa razón la “negociación” con el sector empresarial y la ACJD redobló velocidad.
En este punto, es fundamental el accionar de las plataformas como la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ), y de la Articulación de Movimientos Sociales (MS). La primera una plataforma conformada por 11 expresiones universitarias organizadas con bases, repleta de diversidad, con agenda universitaria propia; la segunda es una articulación de movimientos y expresiones organizadas nacidas en el marco de la insurrección, y organizaciones de la sociedad civil que han venido de la mano con la población para combatir todos los embates que históricamente ha apaleado a la población nicaragüense. Ambas con presencia en una enorme cantidad de territorios a nivel nacional, con la experiencia en sus cuerpos de participar, organizar y conducir la movilización social, y que han presentado propuesta radicales para los objetivos que colectivamente se han propuesto.
Es por esta naturaleza que es un deber de dichas plataformas y de todas las demás organizaciones y expresiones territoriales, estudiantiles y sectoriales; primero, denunciar ante la población el pacto entre cúpulas que se encuentran en el Gobierno, el Sector Empresarial, y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, declararlos ilegítimos representantes de los intereses del pueblo; y al mismo desconocer dicha “negociación” y cualesquier que se de, mientras la dictadura ORMU siga en el poder; debemos pasar con todas las fuerzas a fortalecer la organización para la movilización, y proponer una programa integral construido colectivamente desde y para las bases. Un programa que responda a las demandas históricas de las libertades anheladas por todos los sectores oprimidos.
Conducirnos a la profunda transformación social que necesitamos y deseados
En este punto es dónde surge la necesidad de construir una herramienta política que se prepare para gobernar y encabezar la transformación política, económica y social de Nicaragua; sin empresa privada, sin la injerencia del Vaticano, sin asesinos ni violadores de derechos humanos. Lo crucial es que dicha herramienta surja de la unidad y decisión de todas las personas que pusieron el cuerpo, de todos los sectores reprimidos en abril, y los históricamente oprimidos por el régimen y no de los actuales participantes y validadores del diálogo con la dictadura.
Elmer Rosales
Estudiante nicaragüense, exiliado. Integrante de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia
Reproducido de Anticapitalistas en Red
3.3.2019
