Ingreso mínimo, renta básica y reparto de la riqueza
A los pobres poco, a los poderosos todo, la esencia del capitalismo que defiende el gobierno.
El Consejo de Ministros ha aprobado un ingreso mínimo garantizado de doce pagos, que oscila entre 462€ (a un adulto) y 1.015€ (cinco o más miembros) al mes. Llegará a 850.000 hogares implicando 3.000 millones de euros. Las solicitudes se podrán presentar a partir del 15 de junio y el Instituto de Seguridad Nacional. Una vez analizadas los ingresos de quienes pidan la prestación, el ingreso mínimo cubrirá la diferencia entre la renta existente y el umbral fijado para ese tipo de hogar. Las autoridades estiman que abonarán 300€ mensuales por hogar. Como en el caso de otras “ayudas” habrá más requisitos a cumplir que beneficios a recibir.
Se trata de una medida insuficiente, como mínimo tendría que implicar un importe que construya un piso para cubrir las necesidades básicas de la canasta familiar, una base desde la cual partir para todas las personas. Enredados en requisitos legales, quedarán muchos jóvenes y menores, hogares monoparentales, parejas, trabajadores informales, jornaleros e inmigrantes necesitados por fuera de esta ayuda. Se expresa una vez más el doble discurso del gobierno PSOE-Unidas Podemos: se dice progresista, pero en el reparto de “ayudas”, en el continente más rico de la tierra, las patronales son favorecidas con grandes sumas de dinero, mientras los más necesitados reciben paliativos mínimos. Lo mismo sucedió con la promesa de derogar la reforma laboral, dicen una cosa, se desdicen y terminan haciendo otra.
En distintos momentos, desde Unidas Podemos se ha planteado la necesidad de implementar una renta básica universal, muy distante de lo que implica el ingreso mínimo garantizado. Igualmente, es oportuno referirse a la renta básica universal debido a que es un planteo extendido que se ha reactivado a partir de la Pandemia. Sería reaccionario oponerse a que mejoren las condiciones de vida de los más pobres, de los que, marginados por el sistema, apenas logran sobrevivir haciendo largas colas para recibir alimentos, despreciados por la ultraderecha de Vox que expresó que las ayudas son “paguita clientelar y para menas” o medidas “social comunistas”, entre otras barbaridades.
Hay gobiernos que se ven obligados a brindar ayudas sociales de distintos tipos. En algunos casos presionados por la movilización, en otros como mecanismo para descomprimir delicadas situaciones de pobreza extrema , en forma preventiva para evitar estallidos sociales o como repugnantes maniobras de tinte electoral. Bajo la formulación que adopte o el grado real de ayuda que implique, el debate sobre la redistribución de la riqueza tiene distintos protagonistas. Entre otros, intervienen honestos luchadores sociales y también empresarios que quieren mantener bajos los salarios del empleo formal o que el presupuesto gubernamental asuma los costos de las suspensiones y despidos que realizan. Por estos motivos, es necesario hacer varias apreciaciones con la intención de no crear falsas expectativas, ni caer en las trampas de los defensores del sistema.
Arrancarle al sistema una renta básica universal, es decir, que cubra el costo de la canasta familiar y no llegue sólo a los sectores al límite de la supervivencia, aunque muy difícil de conseguir, sería positivo. Hay dinero para hacerlo, debería salir del cobro de impuestos progresivos a las grandes fortunas, la devolución del dinero que recibió la banca por la crisis del 2008, de los fondos que recibe y se apropia la monarquía, entre otras fuentes.
En una postura revolucionaria, debe formar parte de un programa de reivindicaciones transicionales, que no se quede en ese estadio parcial y limitado, sino que vaya por conquistas de fondo. Aun tratándose de fondos limitados, los burgueses los consideran “concesiones”, por lo cual no serán automáticamente actualizados, a corto plazo serán insuficientes, devorados por la inflación o directamente eliminados por el gobierno cuando encuentre condiciones políticas de hacerlo. No es una cuestión del futuro, sino de la experiencia concreta de los “subsidios” que ya se han otorgado. El que acaba de otorgar el gobierno es por un año, es decir, que mientras la crisis estructural y el ajuste llevan doce años, la ayuda será de doce meses. En esta etapa de crisis capitalistas, los “beneficios” se reducen rápidamente a migajas.
Se necesita el reparto de la totalidad de las horas de trabajo disponibles, para que trabajemos todos, con la jornada laboral reducida y sin rebaja salarial. Sin desempleo ni precariedad laboral, en condiciones sociales dignas, donde la vida de la mayoría valga más que las ganancias capitalistas. Las empresas que cierren o entren en crisis deben ser nacionalizadas y puestas a funcionar bajo control obrero, como parte de un plan de emergencia, en el camino de una salida de fondo. Como siempre, el mejor camino por los derechos laborales pasa por la lucha, la movilización y la huelga, como están haciendo lxs trabajadorxs de Nissan. Mientras exista la explotación capitalista, no habrá un verdadero reparto de la riqueza ya que la voracidad por la ganancia se impone sobre cualquier criterio de justicia social. Por eso nos organizamos para luchar por una salida de fondo: el socialismo con democracia.
