Acuerdo con la Unión Europea: asociar a Argelia a su propia explotación

Por Khaled Guedeche y Madjid Hadjem, docentes-investigadores de la Universidad de Tizi Ouzou, Argelia

El acuerdo de asociación Argelia-Unión Europea (UE) constituye un nuevo ataque contra nuestros logros socioeconómicos. Traerá una mayor agresión a los derechos de las trabajadoras y trabajadores, a los derechos sociales o incluso a la seguridad alimentaria y ambiental.

A tal fin, todo un arsenal de leyes y directivas relativas a todos los aspectos de los sectores productivos, agrícola e industrial, está listo o en vías de serlo (privatización total de empresas, código de aduanas, decreto relativo a las condiciones de división de las tierras, ley de codificación de la venta y locación de las tierras agrícolas, etc.).

Supuestamente basado en el “dador-dador”, el acuerdo en realidad va a transformar a Argelia en una vulgar agencia colonial. ¿Qué pasa exactamente quince años después de la entrada en vigencia del acuerdo?

La observación de la evolución del comercio exterior de Argelia, desde la firma del acuerdo hasta el primer trimestre de 2020, muestra que sus intercambios comerciales se desarrollan en su mayoría (50 a 65%) con Europa, o sea con la UE.

El acuerdo con la UE sigue siendo el principal acuerdo de libre cambio que Argelia ha firmado con socios extranjeros. En 2019 representaba, según los datos de la Dirección General de Aduanas, una parte del 84,34% del valor de los cambios en el marco de acuerdos (Francia, Italia y España son los principales socios en este acuerdo y aportan más del 60%).

De hecho, el acuerdo de asociación no hace más que avalar un hecho ya establecido, a saber, que cada una de las dos partes representa un socio privilegiado para la otra. Mientras que Argelia sigue siendo uno de los principales proveedores de materias primas e hidrocarburos, la UE sigue siendo el principal proveedor de Argelia en productos alimentarios y manufacturados. La evolución de la balanza comercial de Argelia con la UE es casi la misma que la (que tiene con) del conjunto de socios extranjeros.

A título ilustrativo, siendo que desde 2002 es excedentaria, a partir de 2015 se vuelve deficitaria y eso tanto con el conjunto de socios extranjeros como con los de la UE tomados por separado. En particular, el pico negativo de 2016 que podemos encontrar en ambos casos. Esto se debe a la rigidez de la estructura de importaciones y exportaciones de Argelia y a su fuerte dependencia de los precios del petróleo.

En efecto, desde 2013, fecha del inicio del recule de los precios del petróleo después del alza espectacular e histórica de los años previos, la balanza no hace más que retroceder. Observando la estructura del comercio exterior de Argelia, después de veinte años se percibe fácilmente que es la misma, dominada casi exclusivamente por los productos hidrocarburíferos y sus derivados.

Esta dependencia de los hidrocarburos se refleja también en los indicadores de apertura de la economía argelina. En efecto, estos últimos quince años, podemos observar que las tasas de internacionalización y la tasa de sostén a la exportación están fuertemente vinculadas, mientras que la tasa de penetración permanece constante entre 10 y 15%.

Durante el largo período 2001-2019, la curva de evolución de la balanza comercial está fuertemente ligada à la de las exportaciones de hidrocarburos, mientras que la de las otras exportaciones presenta el aspecto de una recta casi constante, cerca de confundirse con el eje horizontal.

Mientras que las exportaciones argelinas hacia la UE representaban el 25,1% du PIB antes de la entrada en vigencia del acuerdo, no eran más que el 11,9% en 2017. Estas cifras ilustran la fuerte correlación de los valores de las exportaciones con los precios del petróleo. Dicho de otro modo, la fuerte dependencia de las exportaciones argelinas de los hidrocarburos. Esto también significa que uno de los objetivos del acuerdo, en referencia a la diversificación de las exportaciones argelinas, no se alcanzó.

En junio de 2015, en ocasión de la reunión del consejo de asociación Argelia-UE, el ministro de Estado, sobre los diez años de aplicación del acuerdo iniciado el 1º de setiembre de 2005, claramente declaró que “en esta asociación, Argelia ha dado más de lo que ha recibido… Hace diez años que terminamos el acuerdo y se impone una evaluación”.

Las cifras oficiales publicadas por la Agencia Nacional para la Promoción del Comercio Exterior ilustran la realidad de este acuerdo que arruina el país. Según este organismo, en diez años Argelia ha exportado haca los países de la UE, aparte de los hidrocarburos, 12.500 millones de dólares y ha importado el equivalente a 192.000 millones de dólares. La UE está en contra de toda industrialización del país; sólo quiere hacer negocio con Argelia. Para ella hay 40 millones de consumidores y punto.

Por un lado, exige la apertura del mercado argelino a los inversores europeos y, por el otro, le impide a Sonatrach[1] invertir en la distribución de gas en Europa y el desarrollo de la petroquímica en el país. Peor aún, les recomienda a las autoridades argelinas vender la electricidad y el gas en el mercado nacional a precio internacional.

El artículo 46 incita a “preparar las empresas energéticas y las minas para las exigencias de la economía de mercado y hacer frente a la competencia”. ¿Cómo entender el hecho de que esos mismos sectores sean apuntados por la privatización?

El objetivo de la UE es pues suprimir las barreras reglamentarias que limitan las ganancias potenciales de los grandes grupos capitalistas, abandonando al libre mercado los sectores todavía relativamente protegidos, pero también autorizar a las multinacionales a cuestionar las normas sociales y ambientales que molestan su expansión.

Este acuerdo de asociación ha creado las condiciones de destrucción de la producción nacional pública y privada al prohibir toda forma de protección del aparato productivo nacional. Este acuerdo va entonces a traer una gran dificultad a los derechos de las trabajadoras y trabajadores (el Código del Trabajo), a los derechos sociales (la Seguridad Social) o incluso a la seguridad alimentaria y ambiental.

Gracias a él, multinacionales de la química como Monsanto podrán propagar más fácilmente sus OGM[2], en detrimento de la salud pública. En cuanto al costado político del acuerdo, un artículo les prohíbe explícitamente a las autoridades argelinas tomar cualquier medida que lo cuestione sin consultar antes a la UE.

Lo que la UE le reprocha al gobierno argelino es haber introducido en sus leyes de finanzas complementarias medidas de apoyo a la industria nacional, la regla del 51/49[3] en toda asociación o incluso las restricciones impuestas en las operaciones de importación.

En detrimento de todas las preocupaciones sociales y ambientales, este acuerdo ha sido modelado para responder a las necesidades de las multinacionales.

Tiene por función no sólo constreñir a la apertura de las fronteras comerciales; la supresión de las tasas de aduana, contingentes y barreras no tarifarias (cuotas, normas reglamentarias), sino también organizar la apertura de los sectores aún protegidos a la voracidad de las multinacionales y liquidar el monopolio público.

Esta liberalización y las privatizaciones impuestas le sirven exclusivamente a las grandes empresas y a los inversores financieros. Sirven para forzar la apertura a la competencia internacional de los servicios públicos, someterlos a las reglas del mercado capitalista y transformarlos en actividades privatizadas generadoras de ganancias.

Es realmente un ataque cuyo objetivo es rebajar los avances históricos que constituyen la seguridad social, las nacionalizaciones de empresa, el desarrollo de los servicios públicos, los estatutos que protegen a su personal, y que fueron arrancados a una burguesía debilitada y complicada al salir de la Segunda Guerra Mundial.

Este acuerdo concluido o en curso de negociación constituye pues el marco de organización de la desregulación. Está orientado en el sentido de dejarles el campo libre a las multinacionales y acelerar el proceso de descomposición. Contrariamente a lo que pretenden algunos, poner fin a este acuerdo es posible. El artículo 107 del acuerdo prevé que “cada una de las dos pates puede denunciar el acuerdo de asociación… que cesa de ser aplicable seis meses después de esta notificación”.

Las consecuencias de la puesta en marcha serán nefastas en todos los sectores vitales para la población. El desempleo, la precariedad y la pobreza se extenderán n todo el país y los pobres serán aún más pobres.

Es entonces urgente ver claramente cómo evitar los derrapes que significa la regresión socioeconómica espantosa impuesta por el FMI y el Banco Mundial. ¿No es hora de hacer el balance de las reformas anteriores antes de seguir con esta política?

El propio sentido común nos lo dicta. ¿Vamos a huir de la realidad que demuestra cada día el deterioro de las condiciones de vida de las argelinas y argelinos, y del ataque a los derechos a la jubilación y otras garantías y normas?

Es evidente que sólo la voluntad política permitirá la anulación de este acuerdo. En esta situación, por cierto difícil, se pueden tomar medidas políticas de salvataje para relanzar la economía nacional y el desarrollo de la producción nacional.

Los medios existen y el pueblo argelino tiene la capacidad para hacer los esfuerzos necesarios al desarrollo de su país. Se trata del futuro de la existencia de la nación argelina, de la unidad de nuestro país y de la integridad del pueblo argelino.

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