Las pensiones no son moneda de cambio
Hay que derrotar el ataque a lxs jubiladxs actuales y a quienes lo serán en el futuro.
En 2010-2011 Rodríguez Zapatero (PSOE) aplicó una brutal contra reforma al congelar las pensiones y alargar la edad jubilatoria de 65 a 67 años. En 2013 Mariano Rajoy (PP) siguió con el ajuste, dejó de lado el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como referencia para imponer un nuevo índice de revalorización limitando los incrementos al 0,25%. Hubo quienes confiaron en que con llegada al poder de la “coalición progresista PSOE-UP” la situación de las personas grandes cambiaría cualitativamente. Sin embargo, no está resultando de esa manera. A nivel sanitario, tristemente, casi la mitad de los fallecimientos por Covid-19 se registraron en residencias para ancianos, sin que el Estado haya tomado las riendas con medidas de protección suficientes. Y la situación económico-social de los pensionistas puede empeorar si se imponen las medidas que baraja el ejecutivo.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya había planteado en el Congreso de diputados, en febrero de 2020, su intención de negociar en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo –cuyas recomendaciones siguen siendo cuestionadas– la reforma del sistema de pensiones, de tal manera que su aplicación estuviera lista para el 2021. Ahora ha anunciado que prevé presentar en el Congreso un proyecto de ley de reforma de la Seguridad Social, entre cuyas medidas está la elevación del período de cotización para calcular las pensiones de 25 a 35 años.
Cuando existen las condiciones científicas y tecnológicas que permitirían trabajar menos horas y hay una enorme cantidad de personas esperando acceder a un trabajo digno, sin reformas laborales ni imposiciones de semi esclavitud; el gobierno “más progresista de la historia” pretende que se trabaje más y que se obtengan pensiones más pobres. ¿Cuáles son los motivos por los que el ejecutivo apunta en esa dirección?
Quieren seguir a tono con las reformas que otros gobiernos llevan a cabo en distintos países del mundo, donde los trabajadores y los jubilados representan un blanco predilecto de ajustes. La máxima que manejan los economistas y políticos capitalistas es que se trabaje más horas por día y más años de vida. En condiciones precarias, liquidando conquistas históricas del movimiento obrero para “ahorrar costos” patronales. Y, cuando ya exprimieron a las personas al máximo, pagar pensiones miserables para “salvar las cajas” o directamente, para fomentar el negociado de la jubilación privada.
Además, pretenden cumplir con las exigencias de la Unión Europea para recibir los 140.000 millones del fondo de reconstrucción. Cuando fue anunciado el acuerdo, alertamos que no sería gratis, que las ayudas llegarían con ajuste del gasto público y así lo están gestando. Las reuniones entre funcionarios y patrones bajo la simulación de una “colaboración mutua” están preparando las condiciones para favorecer a las grandes empresas del IBEX35, como también lo hemos planteado.
Es falso afirmar que no hay dinero para financiar el sistema público de pensiones con una edad jubilatoria de 55 años, un ingreso digno y reajustable en base al aumento del costo de vida y pagado íntegramente por las patronales. Es más, se podría sincronizar con un shock de empleo para liquidar el paro. La cuestión es que se protegen las ganancias patronales por encima de la vida de las personas y que el dinero disponible se destina a engrosar las ganancias capitalistas, a la realeza y a un pequeño sector social de privilegiados. Y, ante este panorama, CC.OO. y UGT deberían hacer más que declaraciones críticas y manifestaciones parciales, llamando a un plan de lucha y una huelga general en defensa de un sistema de pensiones digno. Para que la mayoría de la población no pague los costos de la crisis, se necesita recrear una gran movilización social como la que en 2018 encabezó Marea Pensionista y profundizarla unitariamente en todo el Estado español, junto a la clase trabajadora defendiendo sus propios intereses.
