Los pensionistas en la mira del ajuste
El gobierno PSOE-Unidas Podemos y la burocracia sindical siguen liquidando conquistas sociales.
El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social cerró un acuerdo con la patronal y los principales sindicatos para realizar el primer paquete de reforma de las pensiones.
Como resultado de varios meses de negociaciones, el acuerdo alcanzado por la Mesa Social, conformada por el ministro José Luis Escrivá, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y los sindicatos CC.OO. y UGT, conlleva que las pensiones vuelvan a revalorizarse con la inflación por ley, así como derogar expresamente el factor de sostenibilidad de la reforma del PP de 2013. ¿Cuál es el significado real de estas medidas para los trabajadores activos y pasivos?
La subida de las pensiones queda ligada al índice de precios de consumo (IPC). El borrador fija que las pensiones se subirán en enero con una media de las tasas de variación interanual del IPC de los doce meses previos a diciembre del año anterior. Si esa media es negativa, el importe de las pensiones se congelará al comienzo del año.
Se modifica el factor de sostenibilidad por un factor de equidad intergeneracional que empobrece las pensiones a mayor edad. En otras palabras, para incentivar la jubilación demorada, que actualmente apenas es utilizada en España, y de esta forma alargar las carreras laborales, el Gobierno fijará incentivos por su prolongación: una subida de la pensión del 4 % por cada año de retraso, un cheque único de hasta 12.000 euros o una mezcla de ambos. Se penaliza a las personas que se prejubilen voluntariamente. El borrador establece que en caso de querer acceder a la prestación antes de la edad correspondiente, los porcentajes, que restan sobre la cuantía de pensión a los que decidan jubilarse hasta dos años antes de alcanzar la edad legal, van desde un máximo del 21 % en el supuesto de querer retirarse del mercado dos años antes teniendo menos de 38 años y 6 meses cotizados a un mínimo del 2,81 % para los que opten por retirarse un mes antes y tengan cotizados más de 44 años y medio.
Se modifica el Sistema Público de Pensiones (SPP) mediante la introducción de unos planes privados de empresa, que solo benefician a Bancos y sindicatos, lo cual conlleva el deterioro del SPP y a la introducción de los sistemas de capitalización. La presentación de la reforma previsional no hace más que reafirmar que las máximas autoridades pretenden cumplir a como de lugar con las pretensiones de la Unión Europea para recibir las millonarias ayudas prometidas por la pandemia.
Lo cierto es que España se encuentra entre los países más “mediocres” del mundo en cuanto a su sistema de pensiones y que una vez más quieren tomar a los que trabajaron toda su vida y a los futuros pensionistas como variable de ajuste, cuando las pensiones no son moneda de cambio. Tal como denuncia la Coordinadora General de Pensionistas de Madrid, el gobierno de coalición del PSOE-Unidas Podemos realizó esta presentación para “atrasar la edad de jubilación incentivándola y penalizar la jubilación anticipada con la pérdida de derechos sociales, cuando el país tiene los niveles de paro juvenil más altos de la UE, en torno al 42%». Como ya hemos dicho “es falso afirmar que no hay dinero para financiar el sistema público de pensiones con una edad jubilatoria de 55 años, un ingreso digno y reajustable en base al aumento del costo de vida y pagado íntegramente por las patronales”.
Los pensionistas exigen a los partidos que no apoyen las reformas impulsadas por la coalición PSOE-UP, las patronales y la burocracia sindical. Lo que denunciamos una vez más es que, tanto desde el gobierno de “coalición progresista” como desde las conducciones burocráticas del UGT y CC.OO. siguen liquidando conquistas sociales y se dedican a proteger las ganancias de los empresarios por encima de las necesidades de las mayorías populares. Es necesario recrear las grandes movilizaciones nacionales pensionistas e imponer desde abajo una huelga general de los trabajadores activos para frenar este nuevo avance sobre nuestros derechos. Que la crisis la paguen los capitalistas, no el pueblo trabajador.
