El estado español está en emergencia ambiental
En las macro granjas, el Mar Menor, El Pozo, El Prat y otros emprendimientos se demuestra que el capitalismo prioriza las ganancias empresariales sobre la vida.
España sufre un pésimo momento medioambiental. Algunas de las causas están en el modelo económico que la convierte en la huerta de Europa y en la tercera potencia mundial en producción de carne porcina. El gobierno y la industria alimenticia encuentran cada vez más resistencia. La situación está llegando a niveles más que alarmantes.
Macro granjas del horror
En Hellín, Albacete, se encuentra la macro granja porcina más contaminante de España, con una capacidad para 150.000 animales. Es propiedad de Cefusa, grupo Fuertes-El Pozo, uno de los principales productores de carne. Los residuos que genera la planta son depositados en unas balsas de 130.000 M3, el tamaño equivalente a 120 piscinas olímpicas. Emite una tercera parte del amoniaco que genera la fábrica de productos químicos de Solvay en Torrelavega, la más contaminante del país.
Según el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, el complejo industrial de Cefusa, es la explotación ganadera más contaminante en cuanto a emisiones de metano, un gas de efecto invernadero 25 veces más potente que el CO2.
Contaminación creciente
España es el tercer productor de carne porcina del mundo, detrás de EE. UU. y China. Desde el 2007 hasta la actualidad las macro granjas crecieron en un 50%,. La cifra que aumentará por la gran cantidad de proyectos en ejecución. Las instalaciones de crianza masiva de animales son altamente contaminantes para el aire, el suelo y también los acuíferos. Utilizan millones de litros de agua y generan muy pocos puestos de trabajo. Los problemas vienen por los purines de los animales, desechos que generan mal olor, que puede contraer plagas y multiplicar infecciones. Las filtraciones pueden ocasionar que los desechos se junten con el agua subterránea y contaminen los acuíferos que abastecen a las poblaciones. En noviembre de 2020 la gran cantidad de purines vertidos hicieron que se cortara el agua en gran parte de Santiago de Compostela.
Ganancias sobre leyes
Los problemas ambientales que trae consigo el modelo de producción no son sólo locales. Traspasan los limites municipales y se convierten en una amenaza global. Es lo que sucede con las emisiones de amoniaco que liberan al aire las macro granjas. Desde 2010 a 2019 España no ha respetado los limites de emisiones que acordó la legislación europea para este compuesto corrosivo para la salud y el ambiente. En 2020 la UE hizo estos limites mas permisivos, pero lamentablemente a este ritmo se prevé que en 2023 vuelva a incumplir lo pactado, a pesar de que la comunidad europea le dio esa ayuda al sector para que su contaminación este dentro de los marcos “legales”.
En la “España vaciada”
Los lugares escogidos por estas empresas para instalarse se sitúan en la llamada “España Vaciada” con la excusa de contrarrestar la despoblación, pero lo único que hacen es fomentarla. Los vecinos se están organizando a través de coordinadoras y plataformas en defensa de sus entornos. Como es el caso de Yecla (Murcia), donde se quiere instalar una macro granja del grupo Fuertes-El Pozo a doscientos metros del Monte Arabí, un patrimonio natural declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. La población se ha organizado y ha convocado grandes manifestaciones como la del 11 de Julio del 2021 en la que participaron entre 10.000 y 12.000 personas, para una población de 35.000. Los casos de negocios contaminantes se extienden por todo el país, por ejemplo, en el Mar Menor y El Prat.
Ecocidio
En el Mar Menor, la laguna de agua salada más grande de Europa, están provocando un ecocidio. Entre el gobierno regional y el central “se pasan la pelota” para no hacerse cargo del problema. Hace dos semanas una manifestación masiva convocada por 185 colectivos en la capital murciana, llenó las calles de miles de personas para exigir un plan conjunto y solucionar este grave problema.
El gobierno regional de López Miras (PP) le reclama al ejecutivo de Pedro Sánchez por no haber establecido en los Presupuestos Generales del Estado una partida destinada a la reparación del Mar Menor. El gobierno español responde que las partidas están incluidas en “El Plan de Recuperación; Transformación y Resiliencia”. Pero la realidad, no hay nada especificado acerca de cuánto de esas cifras se destinará al Mar Menor. De lo único que se habla es de la partida presupuestaria, no de un plan estratégico para salvar la laguna.
El Prat, una ampliación innecesaria
El proyecto de ampliación del Aeropuerto El Prat, en Catalunya, llevaría a alargar la tercera pista en detrimento de los terrenos de la laguna protegida de La Ricarda dentro de la Red Natura 2000, que es uno de los pocos pulmones naturales que quedan en el Delta del Llobregat. La ampliación de la infraestructura y la multiplicación de los vuelos aparejaría un aumento del 33% de las emisiones anuales de CO2, entre otras graves consecuencias ambientales que son señaladas como “Una irresponsabilidad climática gravísima”.
Los Espacios Naturales del Delta del Llobregat se verán severamente afectados, entre ellos el Parque Agrario. Por eso, hubo grandes movilizaciones populares para impedir la ampliación. Deberán repetirse en la medida que los gobiernos español y catalán intenten reflotar la iniciativa, momentáneamente paralizada.
Movilización y organización popular
La movilización y la organización popular señalan el camino a seguir para detener la contaminación y la destrucción del planeta. Se necesita la más amplia unidad de acción para poner fin a la agricultura intensiva, la sanción y prohibición de actividades de regadío ilegales y contaminantes, la realización de un proyecto para revegetar las zonas que fueron deforestadas para la siembra. Hay que fomentar e impulsar la movilización de los pueblos y exigir que desde el gobierno se prohíba la creación de nuevas explotaciones contaminantes. Del mismo modo, crear un plan de transición hacia una ganadería sostenible y que reduzca la cabaña ganadera.
El Estado debe garantizar todos los puestos de trabajo en condiciones dignas y la necesidad de abordar el debate sobre una reforma agraria, para así poder atacar el grave problema de los grandes tenedores de tierra, que son una minoría de privilegiados, explotadores y especuladores. También debe responder a las emergencias volcando recursos económicos y sociales. Es algo que vale para los casos que mencionamos en la nota y también para La Palma, en donde la erupción del volcán de Cumbre Vieja causa la destrucción de poblados y la pérdida de los hogares de muchas familias.
Capitalismo, el problema de fondo
Y la lucha va mucho más allá, porque el causante de los desastres es el sistema capitalista. Uno modelo injusto y destructivo, en el cual todos declaran intenciones de salvar el planeta, pero siguen ejecutando acciones y proyectos que lo destruyen. Las medidas propagandísticas de la Unión Europea por el cambio climático, son pequeños paliativos comparados con la magnitud del desastre ocasionado. Otra respuesta cínica del bloque imperialista, para el que las ganancias empresariales están por encima de la vida de las personas. La única forma de revertir definitivamente esta situación es poner en pie un modelo de producción que esté al servicio de las mayorías y al mismo tiempo, cuide nuestro entorno y biodiversidad. Es decir, un sistema socialista.
Santi González