España: los asesinatos del franquismo y la transición siguen impunes

Emilio Hellín, asesino de Yolanda González, y otros violadores de derechos humanos no están pagando por sus crímenes. Su impunidad abofetea a la sociedad, amparada en el reaccionario régimen del ‘78. Hace falta construir un fuerte movimiento popular para investigar y castigar a los responsables materiales y políticos responsables de crímenes de lesa humanidad.

Por Ruben Tzanoff

Yolanda González es el nombre de la compañera de 19 años que en 1980 fue secuestrada, torturada y asesinada en Madrid, por un comando del fascista Batallón Vasco Español. Yolanda era militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) español, organización a la que reivindicamos como parte de nuestra tradición militante. Su asesinato sigue impune.

Un asesino suelto

Emilio Hellín es el nombre del asesino y cabecilla del Batallón fascista. Todos los asesinos están impunes. Cabe recordar lo expresado por Asier González, hermano de Yolanda, sobre Hellín: “…solo pasó 12 años en la cárcel de los 43 a los que fue condenado, a pesar de dos intentos de fuga frustrados y un tercero más por el que consiguió fugarse a Paraguay, hasta que se solicitó su extradición». También lo sucedido en 2013 cuando supieron que «el Ministerio del Interior de España llevaba años pagando los servicios de Hellín para formar a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en técnicas forenses de espionaje, rastreo informático y colaborando en casos judicializados…”

¡Justicia! Un reclamo que sigue vivo

Siempre recordamos a Yolanda. No sólo como homenaje sino también como acción de reclamo. En esta ocasión, nos solidarizamos con la familia de Yolanda, que ha denunciado un hecho gravísimo: la contratación de Emilio Hellín por parte de la defensa de la expresidenta del Parlament, Laura Borràs (JxCAT).  Es indignante que «para elaborar un informe pericial en su defensa» hayan acudido al asesino que ahora se hace llamar Luis Enrique Hellíng. Este hecho expresa el desprecio con que los políticos burgueses como Borràs toman la causa por el castigo a los asesinos de Yolanda, que desde el 2002 es oficialmente reconocida como víctima del terrorismo, aunque la formulación correcta debería ser del “terrorismo de Estado”.

Perito de políticos corruptos, un próspero negocio

Hellin creó Net Computer Forensies y New Tecnology Forensics, SL, ahora reconvertida en centro de estudios. Desde estas empresas presta sus servicios como “perito informático forense”. Sus lazos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado le permitieron aumentar su nefasta cartera de clientes. Colaboró con la Policía, la Guardia Civil y otras policías autonómicas, recibió contratos públicos del Gobierno como asesor de las fuerzas de seguridad en informática, terrorismo y delincuencia e instruyó a miembros de la Ertzaintza. Además de Borràs, tuvo como clientes al ex juez Salvador Alba, a Cristina Cifuentes, ex presidenta de la Comunidad de Madrid y a otros dirigentes del PP de Valencia.  En todos los casos actuó como perito de políticos acusados de hechos de corrupción. Este es el “empleo” que el régimen ampara y al mismo tiempo utiliza, comandado por quien le disparó dos tiros en la cabeza a Yolanda González.

Ante la misma indignación, la misma lucha

La indignación de los familiares, amigos y compañeros de Yolanda es la misma que sienten los de Gustau Muñoz, un joven militante de 16 años que fue asesinado en Barcelona, por la represión policial en la Diada del 11 de septiembre de 1978. Sus asesinos siguen impunes. La complicidad de la justicia española es tan brutal, que su familia tuvo que presentar una causa a través de la “Querella Argentina”. Y sigue en la lucha contra la impunidad de Martín Villa.

Otro caso por mencionar es el de Arturo Ruiz García, estudiante y militante de izquierda asesinado en Madrid, el 23 de enero de 1977, durante una manifestación pro-amnistía. Lo mató un ultraderechista integrante del grupo parapolicial los “Guerrilleros de Cristo Rey” que colaboraba con el Estado. Los casos de Arturo y Gustau se cuentan entre una lista de víctimas mucho más amplia, por las cuales se exige justicia desde distintas instancias, como lo hace el Colectivo por los Olvidados de la Transición. Tampoco se puede dejar de mencionar a las familias que reclaman por la llamada ley de “bebés robados”, bloqueada en la legislatura por el PSOE con diferentes excusas.

Unidad y movilización contra la impunidad

Los asesinos del franquismo y de la transición están amparados por la institucionalidad del régimen del ’78 y por los sucesivos gobiernos posteriores a la muerte de Franco, encabezados por el PP y el PSOE. Las leyes aprobadas en distintas gestiones no han sido suficientes, ni eficientes como herramienta para investigar y castigar los asesinatos del franquismo y la transición. El consejo de “Pasar página” es una trampa para seguir garantizando que triunfe la injusticia. Por eso, no resolverá la deuda democrática que existe con las víctimas y con toda la sociedad. La investigación transparente y el castigo a los culpables, a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, sólo llegará de la mano de la movilización y la organización de los trabajadores y el pueblo, junto a los organismos de derechos humanos. Hace falta poner de pie un gran movimiento popular que se movilice activamente para saldar cuentas con el pasado, garantizar los derechos democráticos en el presente y evitar que el oscurantismo se apodere del futuro.