Accidentes ferroviarios: catástrofes que no tienen nada de naturales

Los reiterados y graves accidentes en los que mueren personas ponen en cuestión al gobierno y al sistema capitalista para los que la vida vale cada vez menos.

Por Gérard Florenson

La colisión de dos trenes de alta velocidad cerca de Toledo ha causado decenas de muertos y un gran número de heridos. Esta trágica colisión entre dos AVE ha puesto de manifiesto las graves deficiencias del servicio ferroviario español, a pesar de que las líneas de alta velocidad tienen fama de ser más seguras. La comparación con otros países europeos resulta esclarecedora: la red de alta velocidad del Estado español cuenta con más kilómetros de vías, pero los recursos humanos y materiales destinados al mantenimiento y a la seguridad son considerablemente inferiores.

No es que los capitalistas sean más virtuosos en Francia, Alemania o Inglaterra. En todas partes, la prioridad otorgada a la alta velocidad, por razones tanto de prestigio como de rentabilidad económica, se ha impuesto en detrimento de la red secundaria y del transporte de mercancías, en beneficio del transporte por carretera, más lucrativo. Esto ha provocado el cierre de estaciones y líneas, trasladando los problemas de fiabilidad y seguridad y perjudicando a los usuarios de los trenes de cercanías: material obsoleto, retrasos y cancelaciones. Los incidentes y accidentes son numerosos, aunque menos espectaculares…

Pero, mientras que otros gobiernos han asumido sus prioridades y desarrollado la alta velocidad para favorecer los desplazamientos por negocios y el turismo, los sucesivos gobiernos al frente del Estado español han permitido que se deteriorara el conjunto de las redes, como hemos visto con Rodalies.

Negligencias criminales

El accidente de Adamuz fue provocado por la rotura de un tramo de vía dañado, algo que podría haberse evitado mediante inspecciones más rigurosas. El de Toledo se debe a problemas de señalización. Para eludir su responsabilidad, Óscar Puente, ministro de Transportes, ha señalado un error humano y ha denunciado, incluso antes de que se iniciara cualquier investigación, a un agente de control que supuestamente habría dado luz verde al maquinista del AVE para reanudar la marcha a toda velocidad, cuando otro tren estaba detenido en la misma vía.

Las declaraciones del ministro han provocado, lógicamente, la indignada reacción de los sindicatos ferroviarios, que se han sumado a las numerosas voces que exigen su dimisión. Pero, incluso si hubiera existido una orden errónea, lo que está en cuestión son precisamente los dispositivos de seguridad. ¿Cómo es posible que no se detectara la presencia del segundo tren? ¿Cómo puede reanudarse la marcha en esas condiciones sin que los dispositivos de seguridad bloqueen la circulación?

La primera respuesta es que el sistema de control instalado en la línea Madrid-Sevilla no lo permitía y que su sustitución por un sistema más avanzado se había aplazado por razones presupuestarias.

El baile de los hipócritas

El enorme escándalo desencadenado por la catástrofe de Toledo no se ha limitado a la legítima búsqueda de sus causas y de las medidas necesarias para evitar a toda costa que vuelva a repetirse. Se habla de las advertencias de los expertos y de los sindicatos ferroviarios, pero únicamente para alimentar las polémicas ante la proximidad de las elecciones generales.

Alberto Núñez Feijóo multiplica las denuncias y las invectivas. Se apoya en la indignación popular para hacer olvidar, al menos temporalmente, la crisis y las movilizaciones sociales en defensa del derecho a la vivienda, una cuestión central ante la que su partido, al servicio de los fondos buitre y de los propietarios, es por supuesto incapaz de ofrecer una respuesta. Al situarse en primera línea contra Sánchez, exhibe una combatividad que necesita para defender al PP frente a la competencia de VOX.

El diario Público ha señalado la contradicción entre el discurso actual de Feijóo y el que mantuvo en julio de 2013, cuando un tren descarriló en Angrois y causó 80 muertes. ¡Entonces se habló de «error humano», no se planteó ninguna comisión de investigación y mucho menos se exigieron dimisiones! Es cierto que Feijóo era entonces presidente de la Xunta de Galicia y que Rajoy, también del PP, presidía el Gobierno.

Pero, aunque el deterioro del servicio ferroviario no comenzó durante sus mandatos, Sánchez no deja de tener una gran responsabilidad. Al igual que ocurre con la cuestión crucial de la vivienda, su Gobierno no ha roto con la política de sus predecesores de derechas. Ha continuado aplicando las políticas liberales que han perjudicado al transporte público en nombre de la libre competencia… y de los beneficios empresariales.

El PSOE, que esperaba recuperarse gracias a las movilizaciones populares por el derecho a la vivienda, se encuentra desorientado y dividido. Una parte de su base se suma a sus socios de la coalición gubernamental y a los sindicatos en la exigencia de dimisión o destitución de Puente.

La lógica mortífera del capital

En la ya larga historia del ferrocarril, este siempre ha sido una fuente de beneficios para los inversores capitalistas. Incluso cuando el Estado parece estar al mando, las infraestructuras y el material rodante constituyen un mercado muy rentable. La colectividad asume una gran parte de los costes, los contratos son públicos y los beneficios privados. Y, por supuesto, resulta más rentable construir nuevas líneas de alta velocidad, con trenes cada vez más sofisticados, que pagar a trabajadores para inspeccionar las vías.

La separación entre ADIF, responsable de las infraestructuras, y RENFE, al igual que ha ocurrido en otros países, ha ido en la dirección de socializar los costes y privatizar los beneficios. La apertura a la competencia de las líneas de alta velocidad apenas ha beneficiado a los usuarios. La guerra de precios no ha reducido los beneficios de los operadores: los ahorros se han conseguido presionando los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores… y también la seguridad, ya que las restricciones presupuestarias han afectado a esta partida.

La situación exige medidas urgentes que ni el Gobierno ni la derecha pueden comprometerse a adoptar, porque implican romper con las políticas liberales que unos y otros comparten:

• Anulación de la separación entre ADIF y RENFE, mediante la creación de una entidad pública unificada al 100 %, gestionada bajo el control de los trabajadores y los usuarios.
• Fin de la apertura a la competencia.
• Fin de la prioridad concedida a la alta velocidad y al transporte exclusivamente por carretera, con inversiones en las líneas secundarias y en el transporte ferroviario de mercancías.
• Inversión masiva en la seguridad de las instalaciones y de la circulación, con la contratación y formación de trabajadores en una proporción acorde con las necesidades.

Pero satisfacer estas reivindicaciones, elementales para quienes quieran defender realmente un transporte público al servicio de la población, es incompatible con la dominación de los capitalistas, para quienes sus beneficios valen más que nuestras vidas.

Por supuesto, nuestras movilizaciones pueden conseguir avances parciales. Pero, mientras no logremos cuestionar su poder, los capitalistas, respaldados por los gobiernos a su servicio, se esforzarán por preservar lo esencial de sus beneficios.

Por eso debemos derribar todo su sistema, acabar con el capitalismo e instaurar una sociedad socialista.

También te puede interesas: «Crisis ferroviaria I: Nuestras Vidas primero», Crisis ferroviaria II: Apoyemos los reclamos de trabajadores y usuarios, https://soles.org.es/2026/02/04/crisis-ferroviaria-iii-como-escapar-de-la-debacle-ferroviaria-en-catalunya/