Impunidad de ayer, 155 de hoy: Libertad a Puigdemont y todos los presos políticos

¿Funciona la “democracia” española? ¿Se están recortando libertades democráticas? ¿Es necesario hacer cambios? ¿Cuáles serían?

Hasta el 23 de marzo el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena ha imputado a 25 dirigentes catalanes. La mayoría son presos políticos o exiliados, con acusaciones que van desde la desobediencia a la rebelión y malversación de fondos, con penas que pueden llegar hasta los 30 años de prisión.
El domingo 25 el presidente catalán destituido, Carles Puigdemont, fue detenido en Alemania, luego de cruzar la frontera procedente de Dinamarca. Fue trasladado a la cárcel de Neumuenster. La policía de Merkel actuó con el apoyo de los servicios de inteligencia españoles (CNI) en virtud de la euroorden de detención del juez Pablo Llarena. Un juez alemán decidirá sí lo deja libre o lo pasa al Tribunal Superior para extraditarlo.
Con esta ofensiva pretenden descabezar por completo el “Procès”. El ataque españolista generó una bronca tremenda, grandes movilizaciones a la embajada alemana, a las delegaciones del gobierno español, cacerolazos, cortes de ruta y autopistas. Las convocatorias fundamentales las hicieron los CDRs y la ANC. Y las acciones continuarán. Hubo enfrentamientos con los Mossos, que reprimieron a los manifestantes, causando heridos y detenidos.
Pasando en limpio, el gobierno de M. Rajoy, declaró ilegal el Referéndum del 1O, en el que más de dos millones de catalanes le dieron el SÍ a la República. La Guardia Civil apeló a cargas represivas sobre personas que estaban votando pacíficamente. Luego, destituyó al presidente Carles Puigdemont e intervino las instituciones catalanas, terminando con la autonomía. Llamó a elecciones ilegítimas que perdió por paliza. Y tampoco reconoció el resultado ya que, vía el Tribunal Superior, inhabilitó al Parlament a investir a tres presidentes propuestos: Carles Puigdemont, Jordi Sánchez y Jordi Turull. La Generalitat sigue intervenida por la vice presidenta del Estado español, María Soraya de Santa María.
La amenaza de mantener la vigencia del 155 sigue latente. Mientras tanto, hay censura, cantantes con condena a prisión por la letra de sus canciones, encausados por twittear contra el Rey o quemar su imagen, ponerse nariz de payaso al lado de un guardia civil o por “fomentar el odio.”
Para los gobiernos capitalistas europeos, supuestos adalides de la “democracia avanzada”, los independentistas son criminales, los exiliados prófugos y los impulsores del Referéndum sediciosos. Por estos motivos y el miedo a que otros pueblos tomen el camino de la autodeterminación, apoyan las medidas de Rajoy para que Cataluña vuelva a la “normalidad”.
Nosotros lo vemos de otra manera. La ofensiva contra el pueblo catalán tiene las características de un golpe para aplastar la voluntad de autodeterminación de los que opinan distinto.
La división de poderes está como mínimo, en duda. El Poder Judicial funciona como dependencia del Poder Ejecutivo o dictamina poniendo el acento más en lo político que en lo legal. El régimen monárquico-constitucional adquiere características cada vez más bonapartistas.
La situación es grave y, sin lugar a duda afecta derechos humanos elementales. Las medidas autoritarias se aplican principalmente a los catalanes, pero sí se imponen con éxito, luego se tomarán como modelo para utilizar sobre otros pueblos oprimidos y la clase trabajadora.
Por eso, es un error no enfrentar unitariamente el 155 y sus medidas en todo el Estado español, más allá de simpatizar o no con la causa independentista. Incluso sin compartir la política de los dirigentes mayoritarios de ERC y JxCAT, como es nuestro caso. La movilización del pueblo catalán sigue siendo el reaseguro fundamental para frenar la ofensiva española y avanzar hacia la República. La base fundamental por ampliar está en los trabajadores y los pueblos de la península ibérica y de todo el mundo, no en los gobiernos capitalistas europeos a los que apela la dirigencia catalana.
Las reivindicaciones democráticas son inmediatas, al igual que las sociales por pensiones dignas, salarios, educación y salud públicas, derechos de género y otros reclamos que no pueden esperar, ni se deben contraponer.
Los temas ligados a las instituciones y el régimen son muy profundos, hay elementos de continuidad entre el pasado y el presente que no se pueden obviar y que obligan a plantear salidas que, partiendo de las necesidades inmediatas, vayan escalonándose hacia una salida de fondo. ¿Cuáles son esas cuestiones a las que les damos tanta importancia? Muchas de ellas se debaten cotidianamente.

Dictadura y Transición

Luego de derrotar a la revolución española, el franquismo impuso niveles de explotación brutales sobre la clase trabajadora durante 40 años. El régimen dictatorial cometió asesinatos políticos, persiguió, torturó y encarceló a revolucionarios y luchadores. También aplastó social, cultural y económicamente a los pueblos oprimidos de la península.
Tras la muerte de Franco en 1975 se inició el período conocido como “La transición”. El año anterior se había producido la Revolución de los Claveles en Portugal, que volteó la dictadura del salazarista que había gobernado desde 1926. Inspirados en la vecina revolución y esperanzados por la muerte de Franco, los trabajadores salieron a las calles. Comenzó un fuerte ascenso de la lucha de clases, con oleadas de huelgas por aumentos salariales y por reclamos democráticos, como la libertad sindical y la libertad de los presos políticos. También resurgió la lucha de las nacionalidades.

El régimen erigido por el franquismo tambaleó. Pero hubo partidos que actuaron para desarticular la movilización y colaborar con las necesidades del capitalismo. El Partido Comunista Español (PCE), la central sindical Comisiones Obreras (CC.OO.), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la Unión General de los Trabajadores (UGT), pactaron con el rey Juan Carlos de Borbón y las fuerzas políticas franquistas, el futuro régimen político. Esto implicó avalar a la monarquía, la continuidad del ejército, la impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad y el peso decisivo de la Iglesia Católica. El acuerdo se consagró con las elecciones de 1977, el ajuste surgido del Pacto de la Moncloa y la aprobación de la Constitución de 1978. Los principales partidos nacionalistas terminaron entrando en este acuerdo, renunciando al derecho de autodeterminación y aceptando una autonomía limitada. Fue el caso de ERC y los partidos agrupados en Convergencia y Unión a partir de la aprobación del Estatuto de autonomía de Cataluña en 1979.
El régimen del ‘78, de alternancia entre el PSOE y el PP (Partido Popular, el heredero más reciente de la vieja derecha), con el apoyo de los partidos nacionalistas tradicionales, le brindaron a las burguesías española y europea la estabilidad requerida para garantizar sus ganancias.
Franco murió, pero los jueces, el poder económico establecido, el aparato represivo y sus ejecutores mantuvieron la impunidad y su esencia antidemocrática.
Es imposible no recordar el asesinato de nuestra compañera Yolanda González, estudiante, trabajadora y militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), que reivindicamos como antecesor nuestro. El 1º de febrero de 1980 fue secuestrada y asesinada de varios tiros en la cabeza. El crimen fue realizado por un comando de “Fuerza Nueva”, el partido del fascista español Blas Piñar, que actuaba impunemente durante la Transición. Emilio Hellín Moro fue el autor material del crimen que luego siguió en actividad para distintas fuerzas represivas del Estado español.

De lo inmediato a lo estratégico

Hoy, la tarea inmediata es derrotar al 155 de M.Rajoy, basta de persecución, y anulación de las causas a los independentistas. El camino para lograrlo es la más amplia unidad de acción, en Cataluña y en el Estado español, con movilizaciones masivas y huelga general. Es necesario apelar al pronunciamiento y a las acciones de los pueblos del mundo en una fuerte campaña internacional contra el recorte a las libertades democráticas y el ataque a los derechos humanos. Libertad a Carles Puigdemont y los presos políticos.
Son causas políticas, históricas y sociales muy profundas las que hacen que una y otra vez, con mayor o menor intensidad, se exprese el agotamiento de un régimen nacido de las entrañas de una dictadura. La Constitución del ´78 fue moldeada para salvar al capitalismo y revivir a la monarquía.
Aunque el PP, Ciudadanos, el PSOE y otros, sostienen al rey y las instituciones burguesas, vuelven a salir a flote los problemas no resueltos por la Transición. El hecho que el régimen dictatorial no cayera por la movilización, dejó vivos claros rasgos antidemocráticos.
Por estos motivos, es una necesidad histórica y una tarea presente, formar una Comisión Investigadora Independiente, que desclasifique los archivos secretos, reconstruya los destruidos, investigue sin ataduras y saque a luz toda la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad. Hay que anular las leyes de impunidad y castigar a los represores de ayer y de hoy.
Más allá de los proyectos parciales y las poses electorales de Podemos, PSOE y otros, está el poder de la movilización, el único que puede abrir camino ante la impunidad.
El juez Pablo Llarena actúa arbitraria y políticamente, argumenta violencia de los catalanes, pero los únicos violentos son los que él defiende. Es fundamental que los jueces sean elegidos por voto popular y sean independientes, no elegidos a dedo para defender a capa y espada al gobierno de turno. En muchos países existen Tribunales Populares que pueden cumplir un rol positivo.
Las actuales instituciones están agotadas. El sistema electoral está armado para favorecer al bipartidismo PP-PSOE, no se reconocen los mecanismos democráticos como el Referéndum del 1O en Cataluña, ni otras instancias de consulta popular.
Los funcionarios políticos viven como privilegiados y sus cargos no son revocables, aunque se burlen de los mandatos que recibieron en las urnas. Sí se quieren dedicar a la función pública, deberían ganar lo mismo que un obrero calificado y estar obligados a usar los servicios públicos como cualquier otra persona.
El sumun del despropósito está en la existencia de la monarquía, reaccionaria y perimida. En definitiva, el régimen del ´78 está al servicio de sostener el sistema capitalista de hambre y opresión apelando a todos los mecanismos de violencia del estado burgués. Las cargas a personas votando en Cataluña son una muestra de lo que son capaces de hacer para evitar la autodeterminación. Y no van a detenerse a dialogar, ni a dar una salida política a no ser que se los imponga la lucha. Están decididos a ir hasta el final, por eso es clave organizarse para enfrentar todas las circunstancias que plantee la violencia del Estado. Los CDR son un gran ejemplo a fortalecer y extender.
El Estado español tiene una historia de opresión social, política, económica y cultural sobre distintas nacionalidades. Siempre negó el derecho a la autodeterminación y a que sean los propios pueblos de la península ibérica los que decidan qué relación quieren tener entre sí. Hasta la autonomía es retaceada permanentemente en todos los ámbitos. Los tiempos exigen cambios profundos, que no vendrán del poder central, ni de las propuestas electoralistas de los partidos burgueses o pseudo progresistas. Nacerán de la participación popular, democrática y organizada, con el impulso que en su momento expresó el 15M. Para debatir y decidir todo es necesaria la convocatoria a una Asamblea Constituyente, Libre y Soberana.
En este camino, seguiremos construyendo un partido revolucionario y socialista, planteando la necesidad de derrotar al capitalismo, para que gobiernen los trabajadores y el pueblo. Nuestra estrategia es una Federación de Repúblicas Socialistas de la Península Ibérica, con plena democracia obrera.

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