Exhumación de Franco: Ni olvido ni perdón

La decisión del Gobierno del PSOE reabrió grandes polémicas. Aquí expresamos nuestra opinión al respecto.  El viernes 24 el Consejo de Ministros del Ejecutivo aprobó el decreto ley que posibilitará la exhumación del cadáver de Francisco Franco del Valle de los Caídos, el único conjunto monumental europeo dedicado a un dictador. Sus familiares tendrán 15 días para indicar un lugar para el traslado de los huesos o presentar alegatos. Posteriormente, el decreto deberá convalidarse por mayoría simple en el Congreso. De no presentarse inconvenientes, el proceso administrativo podría finalizar hacia fines de año.

Queremos dejar claro que no consideramos que Pedro Sánchez sea un campeón de la democracia por dictar el decreto. Después de tantos años de gobierno, el PSOE actúa de esta forma, en este momento, por la necesidad de fortalecer a su débil gobierno ante la opinión pública. Lograr un rédito electoral es una de sus principales motivaciones.

El desentierro tiene un contenido simbólico y real al mismo tiempo. Volvió a abrir un debate con origen en el pasado, pero con connotaciones presentes. Esto se debe a que nunca se saldaron cuentas con la dictadura, a pesar de las décadas transcurridas desde el final de la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, la muerte de Franco y la Transición.

El Valle de los Caídos no es un cementerio común, sino un monumento siniestro. Su construcción fue definida por decreto en el año 1940 luego del triunfo contra revolucionario en la Guerra Civil. Se levantó con mano de obra de presos republicanos, que fueron torturados y sometidos en condiciones similares a las de un campo de concentración nazi. Muchos perdieron la vida en esa faena.

Se construyó con el objetivo de “dar sepultura a quienes fueron sacrificados por Dios y por España y a cuantos cayeron en nuestra Cruzada, sin distinción del campo que combatieran, según impone el espíritu cristiano de perdón que inspiró su creación, siempre que unos y otros fueran de nacionalidad española y religión católica”.

Allí se trasladaron cadáveres desde el año 1958 al 1983. Es decir que la Transición, que algunos cínicos denominan modélica, asimiló perfectamente el legado franquista. De los 33.847 inhumados, 12.410 son desconocidos. Una parte importante corresponde a cadáveres de republicanos que fueron desenterrados de otros sitios y trasladados sin consentimiento de sus familiares. En su gran mayoría, las tumbas de los franquistas están individualizadas. Cerca de ellas, hay una fosa común con restos de republicanos no identificados. Por estos motivos, no es sorprendente que la controversia también se haya instalado en torno a qué destino darle a ese lugar horroroso.

Rechazamos que la exhumación se coloque al servicio de dar vuelta la página, los crímenes de lesa humanidad no prescriben.

Estamos ante una de las polémicas más importantes surgidas con posterioridad a la que generó la moción de censura a M.Rajoy. Los que quieren impedir el desentierro esgrimen argumentaciones legales tales como: la continuidad de la custodia del lugar otorgada a los benedictinos en 1958, lo inapropiado de hacerlo por decreto y otras. Más allá de estos aspectos, hay un debate instalado tanto en la superestructura como en la sociedad.

Votarían a favor partidos como Unidos-Podemos, PDeCAT, PNV y ERC, que además reclamó la derogación de los juicios del franquismo. Estos se llevaron a cabo contra el expresidente de la Generalitat de Catalunya Lluís Companys (fusilado en 1940) y cientos de miles de personas perseguidas penalmente por su militancia, inclinación política o ideológica.

Para los familiares del dictador, solamente pretenden “tomarse la revancha 42 años después”. Hubo fachos que publicaron un manifiesto y rindieron su homenaje en el Valle, con banderas españolas y saludos nazis. El PP siempre se negó a condenar la dictadura en el Congreso. Ahora fue su flamante presidente Pablo Casado quien expresó “reabrir viejas heridas no conduce a nada”, prefiriendo “mirar al futuro y en lo que tiene que pasar en España en los próximos 40 años y no en lo que ocurrió hace 40 años”. Igualmente, el PP aun no dijo cómo votará.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, anunció que se abstendrán de convalidar el decreto. Los “señoritos” naranja no pueden ocultar su admiración por los valores reaccionarios. La derecha disputa por ver quien aparece como el más patriota español. Al mismo tiempo, utilizando una formulación por la reconciliación, pretenden cerrar el paso a la posibilidad de avanzar en juzgar los crímenes franquistas, algo que solamente se pudo iniciar puntualmente con la Causa Argentina.

Nosotros estamos a favor de la exhumación. Se trata de los restos de quien diera un golpe de estado contra la II República y asesinara a miles de republicanos. Del mismo modo habría que definir qué hacer con el Valle de los Caídos, para que jamás se olvide el horror fascista, para que la memoria y el conocimiento del pasado fortalezcan la lucha ante el resurgimiento de semejantes expresiones de barbarie. Rechazamos que la exhumación se coloque al servicio de dar vuelta la página. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben.

Hay que exigir que se conozca la verdad histórica, algo que la justicia está empeñada en impedir y sólo podría garantizar una Comisión Investigadora Independiente.

Se puede avanzar más y la única forma de lograrlo es con la irrupción directa y masiva del movimiento de masas. Hay una gran responsabilidad de Podemos, Izquierda Unida, las organizaciones obreras y aquellas que se consideren progresivas y de izquierda: deberían convocar a conformar un gran movimiento, amplio y unitario, por el esclarecimiento de los crímenes, la anulación de los juicios, la devolución de los bienes robados, la localización y el reconocimiento de la identidad de quienes fueron apropiados de niños y el resarcimiento por parte del Estado español a las víctimas de la dictadura o a sus descendientes directos.

La justicia se empeña en impedir el conocimiento de la verdad histórica. Es algo que sólo podría garantizar una Comisión Investigadora Independiente, abordando tareas tales como: desclasificar los archivos secretos, reconstruir los destruidos, investigar sin ataduras y arrojar luz sobre los crímenes de lesa humanidad del franquismo y sus lazos con nazis y fascistas.

El debate en curso vuelve a demostrar la convivencia que desde hace décadas mantienen los mandatos heredados de la dictadura y la democracia burguesa recuperada. La Constitución del ´78, la Transición y las instituciones del régimen le encontraron un lugar de privilegio a los legados reaccionarios del franquismo que perduran. La restauración monárquica, los privilegios y el poder que mantiene la Iglesia Católica, la (in)justicia, la opresión a Catalunya, la represión y la existencia de presos políticos independentistas, dan cuenta de ello. El hecho de que el régimen dictatorial no cayera como producto de la movilización obrera y popular, sino por el fallecimiento de Franco, dejó intactos muchos de los rasgos antidemocráticos forjados en el largo y tortuoso período de facto.

Los tiempos exigen cambios profundos. No vendrán desde el poder central, ni de las propuestas electoralistas de los partidos burgueses o pseudo progresistas, nacerán de la voluntad y la participación popular. Por estos motivos, es vital que la movilización imponga la convocatoria a una Asamblea Constituyente, Libre y Soberana, para debatir y decidir democráticamente sobre todos los problemas sociales y políticos en cuestión.