Los más vulnerables VI: Inquilinxs
La vivienda es un derecho, siempre, más aún durante esta grave emergencia sanitaria.
El Real Decreto del 17 de marzo definió medidas para quienes pagan hipotecas. Se establecieron cuatro condiciones para acceder a los beneficios: «Primero, que se pase a estar en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas. Segundo, que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba la unidad familiar. Tercero, que a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, cuando se haya producido una alteración significativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos o que se ha producido una caída sustancial de las ventas cuando esta caída sea al menos del 40%, para autónomos. Y, por último, que los ingresos de la unidad familiar en el mes anterior a la solicitud no superen tres veces el IPREM”. Con lo escrito, sólo podrán beneficiarse los que cumplan los requisitos exigidos, no la totalidad de los hipotecados en emergencia.
¿Y para quiénes no se tomaron medidas? Para lxs inquilinxs,, que en el Estado español son entre el 20 y el 25% de las personas y ahora ven muy afectados sus ingresos por la crisis. Considerando que el alquiler de una vivienda en España se deglute en torno al 37% de los ingresos netos, este es el colectivo que más ve afectada su situación económica y para el cual hasta el momento no hay respuesta. Deberán hacer malabares para pagar sus alquileres en los próximos días, sí es que pueden hacerlo, ya que los están poniendo «entre la espada y la pared»
Es una situación dura que empeora cuando se trata de vecinxs que residen en Baleares, Madrid, Catalunya e Islas Canarias, ya que en esas comunidades autónomas el porcentaje de ingresos destinados al alquiler supera el 40%. ¿Hubo paliativos con los servicios esenciales? Sí. Se anunció la prohibición de corte de los suministros básicos: luz, agua y gas, pero sólo para las familias vulnerables que no puedan pagar las facturas; no se aclara a quienes se considera tales, ni como deben hacer las familias para demostrar su condición y no pagar.
La vivienda es un derecho básico, no puede ser un negocio y mucho menos ante semejante emergencia.
Esto ha generado una bronca muy grande entre lxs inquilinxs. Tanto se ha hecho sentir que hoy, 31 de marzo, a más de 15 días del inicio del estado de alarma, el Consejo de Ministros abordará el tema. Según los trascendidos de la prensa, las medidas serían: la paralización de los desahucios y la prórroga de los contratos vencidos durante el estado de alarma, ambos por el lapso de seis meses. La propuesta para los inquilinos que no puedan afrontar las rentas sería otorgarles microcréditos a través del ICO (Instituto de Crédito Oficial). Se trata de préstamos avalados por el Estado que los arrendatarios deberían devolver en plazos que van de 6 a 10 años. Es decir, la “solución” para lxs inquilinxs sería endeudarse con el Estado para garantizar donde vivir. Más que un alivio es una carga a largo plazo, cuando los dueños y más aún los que tienen muchas propiedades porque se dedican al negocio inmobiliario, vienen acumulando ganancias enormes, en un mercado completamente sobre dimensionado, en el que los alquileres están por las nubes.
Ya se verá qué decide el Consejo de Ministros, pero hasta ahora todas las decisiones se escudan en un doble discurso: se presentan como ventajas sociales a los más necesitados, pero son concesiones a los empresarios, los dueños y los ricos. Las condiciones de vida de lxs trabajadores y el pueblo sigue siendo la variable de ajuste. Nosotros apoyamos las medidas que ha planteado la CUP y las que exigen diversos colectivos como un Plan de Choque Social, planteando la huelga de alquiler para suspender el pago en forma inmediata. No debemos ser lxs trabajadorxs quienes paguemos el costo de esta crisis, a la cual nos han llevado el capitalismo y la política de los sucesivos gobiernos mientras salvaban a los grandes banqueros y empresarios, ellos no tienen problemas para llegar a fin de mes con un techo digno.
Es un despropósito que haya personas durmiendo en la calle, que lxs jóvenes no puedan independizarse, que haya tantas personas obligadas a compartir piso, incluso hacinadas y que quienes trabajan deban destinar gran parte de su salario a pagar la renta. Ahora es una vergüenza que, cuando las familias están preocupadas por cuidar su salud y la de quienes los rodean, deban tener una calculadora en la mano para ver cómo harán para pagar el techo bajo el que viven. La vivienda es un derecho básico, no puede ser un negocio y mucho menos ante semejante emergencia. Además, deberían prohibirse los desahucios, siempre, más aún con una pandemia que podría dejar a familias enteras en la calle, para beneficio de los fondos de inversión, los bancos y los que lucran con la vivienda. Es urgente un plan social que garantice viviendas dignas para todos, no con más cargas, sino con menos. En un país donde la burbuja inmobiliaria y la especulación financiera llevan los niveles de alquileres a índices anteriores a la crisis de 2008, no puede ser que una vez más salven a los especuladores. Esto en lo inmediato, la salida de fondo pasa por poner todos los departamentos desocupados al servicio de los que necesitan las viviendas y no de la especulación, a la par de encarar un plan de viviendas populares de fácil acceso para resolver uno de los más graves problemas sociales en los territorios del Estado español.
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