Desesperación y suicidio ante un desahucio
Los desahucios muestran la insensibilidad de las instituciones, el desprecio por la vida y la descomposición del sistema capitalista.
Los medios de comunicación dieron cuenta de una penosa noticia: un hombre de 58 años se suicidó cuando iba a ser desahuciado de la casa en que habitaba como inquilino, en la calle Bacardí 15 de Sants, Barcelona. Se arrojó del balcón en el momento en que la comitiva judicial inició el procedimiento. Los servicios sociales del Ayuntamiento estaban al tanto del infierno que atravesaba la persona que se quitó la vida, por eso habían elaborado un informe de vulnerabilidad pidiendo la suspensión del desahucio: había perdido su empleo, se le habían agotado las prestaciones sociales que le correspondían y no podía pagar el alquiler desde junio del año pasado. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), se negó a suspender la medida ya que, según su nefasto criterio “La situación no cumplía con las exigencias que establece el real decreto para considerar el caso como vulnerable”
Ahora todos se culpan mutuamente, la alcaldesa Ada Colau (En Comú Podem) señala a los jueces y al PSOE y éstos se lavan las manos. Pero todos son responsables políticos por lo sucedido, entre los cuales también hay que mencionar al Govern de Pere Aragonés, ya que no se trata de un hecho aislado, los desahucios son cosa de todos los días, dejan a familias pobres en la calle en plena pandemia, casi siempre con el agravante de la violencia policial ejecutada por los Mossos d’Esquadra. Las víctimas de la crisis y las pésimas respuestas institucionales siempre son las mismas, los trabajadores y los pobres. A los empresarios los salvan siempre, sea como sea buscan el camino que sea para preservar sus ganancias.
Con el capitalismo la vida está en juego, todos los días, porque se trata de un sistema injusto, de explotación y opresión, en el que la vida de los más necesitados vale menos que las ganancias empresariales. Los gobiernos, las instituciones y los partidos que defienden este sistema no pueden eludir sus responsabilidades. Todos ellos son cómplices de un andamiaje legal montado para que la vivienda no sea un derecho básico sino un gran negocio. En este caso, las autoridades ni siquiera resolvieron la extensión de las ayudas sociales y el pago del alquiler atrasado al propietario, que no es un gran tenedor de inmuebles. No fue un suicidio sino un asesinato.
Hay que movilizarse para repudiar la insensibilidad social de las autoridades y exigir cambios profundos, prohibiendo los desahucios, con la aplicación de urgentes medidas sociales a favor de las personas vulnerables, con la expropiación y/o puesta a disposición social de los inmuebles destinados a las grandes ganancias y a la especulación, como medidas transitorias y urgentes en el camino de una salida de fondo: la puesta en marcha de un plan de vivienda social accesible para todos. Desde SOL nos solidarizamos y participaremos de la acción convocada en Plaza de Sants por las organizaciones sociales que defienden a los inquilinos, “Quan ens feu fora de casa ens esteu matant!
