Protestas agrarias: de la UE al Estado español

Los reclamos cruzan a la Unión Europea. El sector tiene actores con realidades e intereses dispares. Requiere de una política principista e independiente, de una respuesta de emergencia que se acompañe de una salida de fondo.

Por Rubén Tzanoff y Gérard Florenson

Distintos sectores agrarios han protestado en Francia, Países Bajos, Portugal y otros países, cuestión que para los gobiernos constituye un problema de magnitud ya que en la UE hay más de 10 millones de explotaciones primarias que ocupan 150 millones de hectáreas. Ahora las protestas se han extendido al Estado español, principalmente por la iniciativa de pequeños agricultores y ganaderos que se autoconvocaron a través de redes sociales como WhatsApp y Telegram; lo cual es diferente a las protestas de 2020, cuando la dinámica la impusieron las organizaciones tradicionales de los terratenientes.

Fuertes acciones

Las acciones se han hecho sentir en Madrid, Barcelona y muchas otras ciudades y se ha anunciado que continuarán durante febrero. En Catalunya, donde la situación agraria está particularmente agravada por la sequía, más de 2.000 tractores avanzaron desde Lleida, Tarragona y el centro del territorio hacia Barcelona que fue colapsada. Fueron recibidos por el President Pere Aragonés y los bloques parlamentarios de PSC, ERC, Junts, CUP, En Comú Podem y Cs. En esta Comunidad Autónoma, el reclamo cuenta simpatía popular y se expresa en términos similares a los que plantea la CUP: “Visca la lluita de la pagesia i visca la terra”. En el Estado se repiten las acciones en Ávila, Huesca, Ciudad Real y Salamanca, entre otras, apelando al apoyo de los vecinos. La preocupación es tan grande que Pedro Sánchez se comprometió a buscar soluciones, con un ojo en los reclamos y otro apuntando a las próximas elecciones en Galicia, Comunidad Autónoma en donde el sector agrario tiene un peso determinante.

Alarma en los grandes de la alimentación y el transporte

Para que no se vean afectadas sus millonarias ganancias, las grandes cadenas empresariales de alimentos y de transportistas les exigieron a los manifestantes que no paralicen “la libre circulación de mercancías y personas” y al ministerio del Interior que lo garantice. Los gobiernos de diferentes países temen que los bloqueos provoquen la paralización de todas las actividades económicas, ya que en gran medida dependen del transporte por carretera y que las manifestaciones se extiendan a otras profesiones, siguiendo el modelo de los «chalecos amarillos» franceses.

Los reclamos

Las protestas reclaman cambios en la política para el sector, menos burocracia, rebajar las exigencias medioambientales con los fertilizantes y controlar la competencia desleal de países extracomunitarios. Desde ya, es imposible compartir los pedidos que, por ejemplo, van en la dirección de desestimar medidas de protección ambiental y de enfrentarse con campesinos de otros países. Pero esta realidad no puede esconder que el sector atraviesa una situación crítica. Tomar distancia de las respuestas reaccionarias a esta consternación no significa incriminar a los agricultores que están en un aprieto y creen que no pueden salir de él si las normas agroambientales provocan una caída de la producción y un aumento del trabajo no remunerado ¹ . Las contradicciones de la política agrícola común también son responsables del diferendo, por ejemplo, se han eliminado setos para facilitar el paso de máquinas agrícolas cada vez más grandes y ahora hay que replantarlos para proteger la biodiversidad, en ambos casos bajo pena de sanciones financieras.

Grandes desigualdades

En España la gran mayoría de las explotaciones son familiares (96,3%), o sea, pequeños y medianos emprendimientos, siendo el segundo país de la UE en extensión dedicada al agro y una ocupación aproximada de 740.000 personas. Al mismo tiempo, un pequeño número de grandes explotaciones ocupan una gran cantidad de tierra. Como en el resto de Europa, la mano de obra agrícola directa está disminuyendo mientras que el número de empleados en las empresas agroalimentarias ha aumentado.  

Los pequeños productores agropecuarios o cooperativistas son víctima de los bancos y sus préstamos en condiciones desfavorables. También de las multinacionales de distribución y comercialización que les imponen bajos precios de venta para obtener grandes ganancias al final de la cadena productiva.  Los que realmente definen los precios son Mercadona, Carrefour, Día, Eroski, Lidl y Auchan, cuyos aumentos perjudican tanto a los pequeños productores como a los consumidores. Las autoridades de la UE y el gobierno están en lo alto de las responsabilidades, ya que, ante la crisis de la economía capitalista, destinan recursos millonarios a quienes menos los necesitan, a los grandes terratenientes y grupos industriales como Danone, Nestlé o Unilever que exigen productos agrícolas cada vez más baratos para incorporarlos a su “comida basura”. Para ello necesitan fábricas de huevos, leche y carne, sin preocuparse por el bienestar animal y menos aún por el bienestar de los trabajadores. Y, como siempre, los más perjudicados son los trabajadores rurales y los jornaleros, principalmente los inmigrantes. En muchos casos se ven obligados a emplearse ilegalmente, con contratos temporales y/o en condiciones de semiesclavitud a cambio de salarios miserables. En resumen, los grandes capitalistas se apropian del fruto del trabajo ajeno con total “normalidad”.

La derecha y la ultraderecha al acecho

Es un hecho que la derecha del PP y la ultraderecha de Vox disputan activamente por controlar y capitalizar el malestar, como la ganadera valenciana Lola Guzmán, simpatizante de Vox, quien utiliza uno de los lemas más comunes de los sectores reaccionarios “No somos ni de izquierda ni de derecha”. Hay una disputa ya que muchas convocatorias salieron por fuera de las grandes Asociaciones y sindicatos tradicionales. No hay que avalar que la derecha y la ultraderecha enfrenten a los campesinos de uno y otro país. A uno y otro lado de la frontera franco-española se escucha el mismo discurso: “la competencia extranjera es desleal, no respeta ni los derechos sociales ni las normas medioambientales”. Los franceses denuncian a los vitivinicultores y hortofrutícolas españoles ⁽²⁾ y éstos a su vez hacen lo propio con los productores de cítricos de los países del sur ⁽³⁾ .El camino no pasa ni por ese enfrentamiento, ni por explotar más a los trabajadores y contaminar inescrupulosamente con el pretexto de ser más competitivos que sus vecinos. ⁽⁴⁾

Una política principista

No todo lo que se mueve, incluso radicalmente, es garantía de un carácter progresista, aunque el enfado esté justificado. En el caso de los agricultores existen enormes disparidades de ingresos y también es necesario distinguir los emprendimientos familiares de aquellos que emplean asalariados permanentes o estacionales. Sin olvidar a los trabajadores agrícolas, a los que están empleados en las industrias y empresas agroalimentarias, ni a los que siembran y cosechan en cultivos extensivos. ¡Plenos derechos para lxs trabajadorxs de toda la cadena alimentaria!

Es necesario ofrecer respuestas solo a quienes no son ni explotadores ni ricos, otorgando créditos baratos, precios accesibles para la maquinaria agrícola y los fertilizantes, condiciones de transporte, venta de productos favorables y medidas que no afecten destructivamente a la naturaleza. Los agricultores, que se enfrentan a la complejidad de las declaraciones y solicitudes de ayuda y temen las sanciones financieras en caso de error, deben beneficiarse de un apoyo gratuito de un servicio agrícola público dotado de recursos suficientes para cumplir esta misión. Y, fundamentalmente, encarar un proceso de reforma agraria, con la nacionalización sin indemnización de los terratenientes y latifundistas, avanzando hacia un modelo agroecológico sin transgénicos ni agrotóxicos, con la puesta en producción democráticamente decidida y controlada por lxs trabajadorxs. Hay que hacer lo mismo en toda la cadena de producción, distribución y comercialización, para que el circuito sea “del campo al plato” y así avanzar hacia la soberanía alimentaria. Hace falta la movilización independiente de los pequeños productores que no sean explotadores junto a los trabajadores y la población. Estas medidas de emergencia tienen que ser transicionales hacia otras de fondo ya que los bancos, los grandes monopolios y empresarios seguirán intentando obtener ganancias a costa del trabajo obrero y campesino. La Unión Europea, los gobiernos, los reformistas, la derecha y la ultraderecha no pueden ofrecer medidas realmente progresivas porque se mantienen dentro de los márgenes del capitalismo, un sistema injusto y desigual que es incapaz resolver las contradicciones existentes entre la ciudad y el campo. La salida de fondo pasa por la unidad de los pequeños agricultores y la clase trabajadora, la expropiación de los saqueadores y la aplicación de una economía democráticamente planificada, que sólo puede darse en el marco de un sistema socialista.

Notas :

(1)Tampoco podemos culpar a las familias con ingresos cada vez menores que compran los productos más baratos en lugar de productos orgánicos y locales.

(2) Las declaraciones de la exministra «socialista» Ségolène Royal contra el mal sabor de los tomates ecológicos españoles y, en general, de la producción española falsamente ecológica, podrían ser motivo de risa si no apoyara así desde la “izquierda” un discurso xenófobo desgraciadamente muy extendido. En cuanto a su denuncia de las condiciones laborales de los jornaleros en España, hay que recordarle que no son mejores en muchos sectores de la agricultura francesa donde se explota a muchos inmigrantes

(3) Los productores de trigo que se quejan de la competencia de Ucrania parecen no ser conscientes de que muchas de las grandes explotaciones privatizadas del país están hoy controladas por empresas agrícolas con sede en diferentes países, incluida Francia. Estas empresas importan máquinas, fertilizantes y productos fitosanitarios para mayor beneficio de los fabricantes. En varios países africanos, la tierra cultivada está en manos de propietarios europeos que explotan la mano de obra local y exportan la producción a los países ricos. La venta de hortalizas marroquíes no beneficia a la población local. Los grandes productores de granos de Estados Unidos han inundado a México con maíz transgénico a precios de saldo y han causado la ruina de miles de agricultores mexicanos. La lista sería larga de esta “competencia desleal” que no es unidireccional.

(4) Los gobiernos europeos retoman por un lado el proteccionismo para no dejar este terreno a la extrema derecha, sabiendo que la idea de controlar las importaciones para proteger la producción nacional encuentra una respuesta favorable entre los agricultores, por otro lado, participan en globalización liberal de la que esperan beneficios para las grandes empresas industriales y de servicios.