Maricarmen, víctima de un sistema perverso
El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años con un 50 % de discapacidad y movilidad reducida, expone la brutalidad de un sistema que coloca el negocio inmobiliario por encima del derecho a la vivienda. PSOE, PP, gobiernos y Justicia se pasan la responsabilidad mientras los fondos buitre avanzan sobre los barrios y la represión cae sobre quienes intentan impedir los desahucios.
per Santi González
Inhumana y vergonzosa sed de ganancia
Cerca del mediodía del 23 de septiembre se produjo el desalojo de Maricarmen, con represión policial de por medio. Maricarmen es una anciana de 87 años que, a més, cuenta con un grado del 50 % de discapacidad concedida y movilidad reducida, algo que incrementa aún más su situación de vulnerabilidad. Esto no impidió al fondo buitre Urbagestión —denominado «fondo de inversión» por quienes se benefician de estas prácticas inescrupulosas— echar a Maricarmen de la vivienda en la que vivió durante 71 anys, siempre pagando su renta. Amparados por el marco legal y con la policía que les proporcionó la Delegación del Gobierno central, consiguieron desalojar a los manifestantes del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos que estaban tratando de impedir que se produjera el desahucio de una persona vulnerable para dar paso a la especulación inmobiliaria.
PSOE y PP se pasan la pelota, pero son responsables
Maricarmen luchó contra el desahucio desde 2020, cuando el fondo buitre compró el piso donde vivía. des de llavors, parece inconcebible que el Gobierno central de Pedro Sánchez (PSOE), el autonómico de Isabel Díaz Ayuso (PP) y el municipal de José Luis Martínez-Almeida (PP) no pudieran hacer nada para evitar esta catástrofe social.
El Gobierno de Pedro Sánchez se llena la boca hablando de que la culpa de todo es del PP, porque es quien gobierna en la Comunidad de Madrid y quien, a més, frenó la moratoria contra los desahucios presentada por el Gobierno en el Congreso. Pero ¿de verdad nos están diciendo que después de ocho años de gobierno no pudieron blindar a los vecinos y evitar que los barrios se conviertan en carne de cañón de la especulación inmobiliaria?
Una muestra clara es la abstención que protagonizaron hace unos días ante la propuesta de su socio de gobierno, estiu, de prohibir la compra de inmuebles por sociedades comerciales. Demuestran que se llenan la boca hablando de proteger al ciudadano, pero en realidad responden a los intereses del capitalismo salvaje. A més, se supone que iban a presentar un Real Decreto que podría impedir los desahucios, pero de momento brilla por su ausencia. Parece que lo único que le interesa al Gobierno es aprovechar la crisis de forma proselitista.
Por el lado del Gobierno de Ayuso y Almeida no hay más que ver su política especulativa. Junto a Vox fueron responsables de frenar la moratoria antidesahucios que venía de la pandemia y simplemente no les interesa frenar la especulación inmobiliaria.
L'habitatge és un dret, no un negoci
Es su modelo: casas para quien pueda pagarlas y nada más. Ayuso parece que se nos ríe en la cara comprando un ático con fondos públicos por seis millones de euros para usarlo como «oficina», mientras personas como Maricarmen se quedan en la calle. De la mano de la inacción intencionada del poder político va la Justicia, que evidentemente sirve para garantizar los negociados y no para amparar al ciudadano de a pie.
Un cuadrilátero de especulación y complicidad
La complicidad de los partidos burgueses con los intereses inmobiliarios, amparados en las leyes del régimen institucional y del sistema capitalista, queda nuevamente expuesta en su versión más espantosa. per començar, podrían haber negado el desahucio, declarando que el alquiler de Maricarmen tenía que continuar como estaba, como renta antigua vitalicia, aduciendo que no era la segunda subrogación del alquiler, sino la primera. Esto debido a la imposibilidad de su madre, en la época franquista, de figurar en el primer contrato. Alhora, se encargaron de comandar el operativo policial que reprimió con brutalidad para ejecutar el desahucio: una Policía Nacional que envía el Gobierno central. Todos cooperan para que los buitres ganen. No estamos en presencia de un caso aislado. Los desahucios con represión son moneda corriente en todo el Estado español. No les importa que queden en la calle ancianas, niños o familias pobres enteras.
La movilización es la respuesta
La misma tarde del desahucio, los sindicatos de inquilinas e inquilinos de todo el Estado convocaron a concentrarse contra esta injusticia, llenando calles y plazas de capitales y ciudades como Madrid, Barcelona, Oviedo, Valencia o Sevilla, entre altres. La concentración que comenzó en el ático de Ayuso llegó a más de 10.000 persones, convirtiéndose en una marea que la policía enviada por la Delegación del Gobierno nuevamente volvió a reprimir.
No obstant això, esto no termina aquí. El pueblo trabajador viene demostrando hace tiempo el hartazgo con la situación de la vivienda. Llamamos a continuar en las calles y a profundizar la coordinación en todo el territorio. Las centrales sindicales deberían dejar de ser cómplices por inacción y llamar a movilizar. Necesitamos un plan de lucha estatal que tenga como ejes la vivienda, la educación y la sanidad, junto con otros sectores muy golpeados y que también están movilizándose, como los docentes de Valencia y Barcelona.
No es solo el color político, és el sistema
El caso de Maricarmen es la punta del iceberg de un sistema capitalista que necesita fomentar otra burbuja especulativa y se ampara en los partidos capitalistas que le garantizan las reglas de juego, aunque algunos hagan alguna rencilla para las cámaras. avui, los fondos buitre y los bancos se han hecho con el 15 % del parque inmobiliario nacional, subiendo los precios de los barrios, generando zonas tensionadas y propiciando las condiciones para seguir creciendo. Solo la empresa Blackstone tiene en su poder 20.000 viviendas.
Y después el Gobierno se extraña al recibir la respuesta negativa de Urbagestión cuando quisieron comprar el piso. Cuando lo que deberían hacer es generar mecanismos para que la decisión de si una señora de 87 años con discapacidad se queda en la calle no dependa de la voluntad de un grupo empresarial.
Se necesitan medidas radicales, inmediatas y de fondo
No solo deberían prohibir los desahucios, limitar el precio de los alquileres y ofrecer alquileres sociales. También tendrían que ejecutar planes de viviendas populares de fácil acceso social, no a cuentagotas, sino de acuerdo con las necesidades de las grandes mayorías. Y expropiar sin indemnización a los grandes tenedores de vivienda especulativa, poniéndola al servicio de la vivienda social para los más necesitados. Como sucede con la educación, la salut, el transporte y tantos otros rubros, el capitalismo hace de la vivienda un negocio lucrativo más y no un derecho inalienable. per això, la lucha y la organización han de tener el norte de la lucha anticapitalista para resolver los problemas de fondo y de una vez por todas, con una perspectiva socialista.
