¡Anulación de los aumentos en las tarifas de luz!

La especulación con la energía eléctrica responde a la voracidad de ganancia capitalista. Los gobiernos son cómplices, los pueblos perjudicados.

Para el viernes 13 el precio de la luz se situó en 117.29 euros el megavatio hora y durante agosto bate récords históricos. Las predicciones por la continuidad de los aumentos se confirmaron y el nuevo récord ya se ubica en 122,76 euros. Por este motivo, las organizaciones de consumidores exigen medidas para frenar la especulación tarifaria.

Los parches no alcanzan

El rubro energético es uno de los ítems que refleja las limitaciones de las medidas adoptadas por el gobierno PSOE-Unidas Podemos. La rebaja del IVA del 21% al 10% hasta fin de año. La disminución del 7% del impuesto de generación eléctrica (vigente un trimestre). Y la adopción del ridículo sistema tarifario por tramos adoptado en junio, no resolvieron los problemas con la luz. No se trata solamente del incremento de los precios de emisión de CO2 y ni del gas proveniente de Rusia y Argelia.  La cuestión de fondo está en la existencia del contrasentido normalizado bajo las reglas de la oferta y la demanda.

Es el capitalismo

Hay que llamar las cosas por su nombre, esto es el capitalismo. La voracidad por amasar fortunas no proviene solo de la ambición individual de los patrones, es intrínseca al funcionamiento del sistema. Para que las cuentas de las empresas desborden de euros, deben meter la mano en el bolsillo del pueblo trabajador. Y es lo que hacen una y otra vez los grandes empresarios, comerciantes y distribuidores.

Gobiernos cómplices

El aumento de precios es una arbitrariedad legalizada. Se ejecuta y reproduce desde la institucionalidad burguesa. Con los gobiernos haciendo declaraciones de compromiso y promesas de “limitación” de precios que no se cumplen o resultan simples paliativos. No se trata de casualidades ni improvisaciones. Son decisiones destinadas a beneficiar a las grandes empresas. Para ellos, que haya crisis económica, sanitaria, social y que estemos en pleno verano, es sólo un detalle. Lo importante es garantizar las ganancias patronales.  

Movilización por medidas de emergencia

Con el “gobierno de coalición progresista”, las expresiones de derecha y ultraderecha, todo seguirá de mal en peor. Hay que dar vuelta todo y comenzar por aplicar medidas de emergencia: establecer precios máximos, la adoptar una tarifa social accesible y prohibir el corte de suministro a aquellos hogares que no puedan pagar. A las empresas hay que cobrarles impuestos progresivos y aplicarles fuertes multas si lucran con la luz.

Para hacer retroceder la escalada y evitar las que pueden venir, las centrales sindicales y las organizaciones de usuarios deberían llamar ya mismo a una inmediata movilización popular en todo el Estado español, por la anulación de los aumentos.

¿De izquierda y progresistas?

Un párrafo aparte merecen los que se dicen de izquierda y progresistas. El PSOE descartó por completo la posibilidad de limitar los precios de la electricidad, como le pedían sus socios de Unidas Podemos. Claro, pero desde el «Ayuntamiento para el cambio» de Barcelona, la alcaldesa Ada Colau, de En Comú Podem, aumentó las tarifas de la empresa pública. En Cádiz hizo lo mismo José María «Kichi» González (Adelante Cádiz). Por supuesto, dieron explicaciones de porque «se vieron obligados a hacerlo» e incluso «Kichi» recordó la necesidad de nacionalizar empresas. Siempre pasa lo mismo, los reformistas se llenan la boca de medidas alternativas, pero al mantenerse en los márgenes del sistema capitalista, terminan adaptándose a sus reglas.

Nacionalización de empresas

Por supuesto, es imprescindible cambiar la matriz energética, por otra no contaminante, barata y eficiente. Y lo estratégico es terminar con el arbitrario reinado de las empresas privadas. Hay que apelar a la expropiación de empresas de producción de energía sin indemnización, a la nacionalización y funcionamiento bajo control de trabajadores y usuarios. Los derechos básicos para la vida se deben satisfacer en función de las necesidades de las grandes mayorías populares y no de las ambiciones millonarias de un pequeño puñado de privilegiados.