Ante el debate sobre la ley “sí es sí”, demagógica e ineficiente

A poco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se abrió una polémica tras la entrada en vigor de la ley llamada “sí es sí”. Aprobada en octubre e impulsada por la ministra de Igualdad Irene Montero (Unidas Podemos), el objetivo de dicha ley es proteger a las mujeres de las agresiones sexuales. Sin embargo, una parte de su articulado de hecho permite la excarcelación o reducción de penas a algunos violadores y pedófilos.

A partir de La Manada

La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual fue impulsada ante las movilizaciones sociales tras la primera sentencia a La Manada de Pamplona, que “condenó” a los acusados por abuso sexual y no por agresión. Ante el repudio en las calles, el Supremo tuvo que rectificar su fallo y elevó las penas al considerar que lo ocurrido en los Sanfermines de 2016 fue una violación. Entonces el Ministerio de Igualdad impulsó la nueva ley considerando cualquier acto sexual no consentido, con o sin violencia, como agresión. Así, la figura de abuso desaparece del Código Penal.

Antes los casos se dividían en abuso sexual si no hay violencia ni intimidación, y agresión sexual si las hay. La nueva ley tipifica sólo agresión sexual, haya o no violencia e intimidación. Así, las penas anteriores para el abuso básico eran de uno a tres años de prisión y de cuatro a diez años para el tipo agravado. No hubo rebaja de penas pues se tipifica un nuevo delito, que equivale al antiguo abuso: un año de prisión para el tipo básico y cuatro si es agravado. Igual que ahora.

Las penas en la actualidad

Al unificar en uno los delitos de abuso y agresión, las penas mínimas del abuso ahora se integran en el delito de agresión. Es decir, la reforma no implica una rebaja automática de penas, como malinterpretan algunas sentencias recientes, en forma abstracta y sin considerar todas las circunstancias. No es el mismo delito con penas más bajas, sino uno distinto.

Todos contra todos

  • Días atrás, cuando surgió el debate por las rebajas de penas que se solicitan ante la nueva ley, Montero acusó a los jueces de “falta de formación en género”, “machismo” y “una incorrecta aplicación de la ley”.
  • El gobierno de Pedro Sánchez ha decidido de momento no tocar la ley y esperar a que los tribunales, en particular el Supremo, fijen posición sobre los casos en que se pide reducción de condena. Busca aparecer en sintonía ante la aplicación de la ley y apuesta a que el tema se vaya calmando.
  • A su vez la fiscalía general del Estado prepara una “armonización de criterio”, para lo cual ha pedido a los fiscales resoluciones judiciales e informes propios. Pero el problema de fondo sigue planteado porque la violencia machista no cesa.

Basta de justicia patriarcal

Uno de los vértices del problema es el carácter de género y de clase del aparato judicial. Es una institución reaccionaria, pilar del régimen del ’78 heredado del franquismo, al servicio del capitalismo, patriarcal y dependiente del poder político. Salvo excepciones, en causas de género revictimiza a las víctimas y es funcional a los violentos.

La flamante ley es un avance parcial en materia de derechos para las mujeres, ya que penaliza todo acto contra la intimidad sexual de una persona sin su consentimiento. De todos modos, a la hora de redactar el articulado no se consultó a las organizaciones feministas, lo que hubiera evitado ambigüedades y omisiones.

Pero aparte de los problemas de su aplicación, un cambio sólo a nivel legal es obviamente insuficiente para prevenir y sancionar la violencia machista, evitar los femicidios y asistir adecuadamente a sus víctimas. Y al igual que sucede con otros delitos, endurecer las penas no resuelve el problema al no atacar sus causas.

Nuestras propuestas

  • Hace falta una reforma judicial radical. Elección de los jueces, juezas y fiscales por voto popular, en fecha separada de las elecciones políticas, con mandatos limitados y revocables, y fiscalías especializadas en género. También implementar los juicios por jurados populares con paridad de género. Es decir, un cambio de raíz en la justicia, como parte de una democratización institucional integral.
  • En cuanto a la prevención de los abusos, discriminación y demás violencias machistas, es clave la Educación Sexual Integral desde la primera infancia. Pero no basta con que figure en la ley: es necesario que el gobierno asigne el presupuesto necesario para que se aplique en todas las escuelas, para capacitar a la docencia y para campañas masivas de concientización.
  • En cuanto a la asistencia a las víctimas de violencia, es necesario abrir suficientes casas de acogida, asegurar ayuda jurídica y psicológica gratuita, y demás dispositivos. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU recomienda un mínimo de una casa-refugio de 10 plazas por cada 30.000 habitantes. Y hacen falta subsidios de reinserción social y habitacional para las mujeres y sus hijas e hijos, para lograr autonomía respecto del violento.

El 25N a ganar las calles

El próximo viernes 25 de noviembre, el movimiento feminista y con apoyo popular hemos de ganar otra vez las calles, contra todo tipo de violencia de género y por todos los derechos que aún nos deben.

La solución a la paradoja planteada por la nueva ley no llegará desde esta justicia ni de los políticos burgueses antifeministas. Será la movilización callejera, junto a una consulta democrática a las organizaciones del movimiento feminista sobre cada paso y legislación que las involucre. Todo en el camino de seguir enfrentando a este sistema capitalista y patriarcal, padre de todas las violencias.