Un juicio que amenaza las libertades de todes

Si se impone la inquisición anti catalana, intentará avanzar sobre el conjunto del Estado español.  Más allá del oscurantismo que implica el juicio farsa al Procés, alumbra las entrañas del gobierno, el régimen y el sistema. Que el régimen monárquico-parlamentario del ´78 fue moldeado por el franquismo, no es novedad. Aun así, apreciar como se mueven los jueces, abogados del Estado y fiscales no deja de asombrar.

Los acusadores tergiversan pruebas que ellos mismos presentan. Recurren a recortes parciales que alteran contenidos, tanto en documentos escritos como visuales. Cuando interpelan se equivocan con las fechas, los cargos, los acontecimientos, formulan preguntas que incluyen las respuestas y presentan “pruebas” que no se corresponden con lo que anuncian. Y los Twitter o re-Twitter que seleccionan como incriminatorios, sólo llaman a la movilización pacífica, lo cual indica que lo que cuestionan es el derecho a la protesta.

No buscan la verdad sino probar que hubo “rebelión violenta, sedición y malversación de fondos”. Los únicos violentos fueron la policía y la Guardia Civil, que apalearon a personas sentadas o paradas con los brazos levantados cuyo “crimen” fue querer votar el 1O.

La querella y sus defensores sincronizaron un argumento: “la violencia no fue responsabilidad de la Guardia Civil que ejecutaba una orden judicial para impedir un Referéndum ilegal. Es culpa de las “murallas humanas” que se interponían a su objetivo, enviadas por dirigentes políticos”. Es una afirmación hipócrita y mentirosa.

…apreciar como se mueven los jueces, abogados del Estado y fiscales no deja de asombrar.

Durante los primeros días el Juez Marchena autorizó que las defensas reprodujeran videos probatorios, luego lo impidió para que millones de españoles no vieran “semejantes imágenes” que mostraban catalanes pacíficos apaleados por la policía. No es casualidad que los dirigentes del PP se hayan jactado de manejar a magistrados tras bambalinas, después de todo considera al presidente del Tribunal Supremo su hombre de confianza en la justicia. Los jueces responden al poder político que los encumbra y no a la población que tendría que elegirlos por voto directo.

La televisación del juicio está causando dudas. Los jueces fiscales y abogados del Estado ¿Son improvisados o es una táctica? ¿Tienen un “as” bajo la manga o no cuentan con pruebas sólidas? ¿Lo que se advierte es superficialidad o el desinterés de quien sabe que el veredicto ya está escrito? Todavía no se puede responder tajantemente.

Lo fundamental es que se están vulnerando derechos elementales y hay que denunciarlo, como lo hizo Jordi Cuixart, presidente preso de Ómnium Cultural: “…yo soy un preso político. Después de 500 días de cárcel mi prioridad no es salir de la prisión. Mi prioridad es poder denunciar el ataque que hay, la vulneración de derechos en Catalunya y en el conjunto del Estado español.”

Otro tema indignante es la imposibilidad de los acusados de expresarse en catalán, el mal pronunciamiento de sus nombres y de otros mencionados. Viniendo de la autoridad y de un andamiaje Estatal que ataca esa lengua es muy difícil pensar que se trata de errores inocentes.

Eulàlia Reguant y Antonio Baños de la CUP se negaron a contestar las preguntas de VOX, por ser una agrupación de extrema derecha, racista y machista.

Y no se termina aquí: VOX encabeza la acusación particular. La ultraderecha hace de inquisidora de dirigentes políticos, sociales y culturales electos democráticamente. Los acusados y sus testigos dejaron asentada la protesta, que alcanzó su máxima expresión cuando Eulàlia Reguant y Antonio Baños de la CUP se negaron a contestar las preguntas de VOX, por ser una agrupación “de extrema derecha, racista y machista”. Luego de plantearlo, los testigos fueron expulsados de la sala por el Juez Marchena, se les anunció la aplicación de 2.500 euros de multa a cada uno y un plazo de 5 días para “recapacitar” antes de ser denunciados por “desobediencia grave”.

El juicio farsa se realiza con el beneplácito del Rey, Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP) y Albert Rivera (Cs), junto a otros serviles del régimen. Nosotros insistimos: el régimen monárquico-parlamentario del ´78 moldeado por el franquismo está agotado, no puede brindar ninguna salida progresiva a los problemas sociales y políticos de España. Es necesaria la convocatoria a una Asamblea Constituyente Libre y Soberana para cambiar todo.

En el juicio también aparecen elementos que confirman o precisan el balance de las políticas aplicadas por los protagonistas en su momento. Por un lado, está el cinismo del ex gobierno del PP expresado en las declaraciones de los máximos responsables de la aplicación del 155: el expresidente Mariano Rajoy, la vicepresidente e interventora de Catalunya Soraya Sánchez de Santamaría y el exministro del interior Juan Zoido.

Rajoy negó reiteradamente, cualquier negociación posible con el ex Govern catalán. Al otro día, el lehendakari Iñigo Urkullo (PNV), lo desmintió. En una declaración con “una de cal y otra de arena” , describió con lujo de detalles sus intentos de mediación entre Rajoy y Puigdemont. Los tres responsables políticos se fueron “pasando la pelota” uno al otro. Pusieron el casete “desconozco” cuando les preguntaron sobre la organización, ejecución y consecuencias de los operativos represivos, descargando responsabilidades en los mandos de la policía y la Guardia Civil. Veremos qué dice el coronel represor Diego Pérez de los Cobos al respecto.

Los catalanes movilizados son un gran ejemplo por seguir en defensa de las libertades democráticas, el rechazo al autoritarismo y a la hora de decir “La autodeterminación no es delito”.

El ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro reafirmó que hubo malversación de fondos porque “hubo intención de hacerlo” y “Si alguien abre un lugar público para un acto ilegal, cómo no va a haber malversación”. Antes había dicho que la Generalitat no había gastado “ni un euro” en el Referéndum.

Sobran motivos para no reconocerle al estado burgués la potestad de acusar y encarcelar a quienes defienden el derecho a la autodeterminación, la movilización y la participación democrática. Exigir la libertad de los presos políticos es una cuestión de principios.

Por otro parte, se ratificaron políticas de JxCAT, PDeCat y ERC durante el Procés: el afán de compensar el cumplimiento de las órdenes judiciales con la presión popular, la caracterización del 1-O como una gran gesta democrática de carácter simbólico, al igual que la declaración de la Independencia. Ya habrá oportunidad de intercambiar opiniones al respecto.

Como sea, el juicio continúa. Requiere seguir impulsando la más amplia unidad de acción en la movilización y huelga general por la libertad de los presos políticos, exiliados y su absolución. Los catalanes movilizados son un gran ejemplo por seguir en defensa de las libertades democráticas de todes, el rechazo al autoritarismo y a la hora de decir “La autodeterminación no es delito”.

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