NISSAN, BOSCH, GLASS…Basta de cierres y despidos

Bajar la persiana y dejar trabajadores en la calle no trae soluciones, agrava problemas. Es falso que no hay otra salida, aquí expresamos propuestas distintas.

Cuando la multinacional japonesa NISSAN anunció el cierre de las plantas de Barcelona, comenzó la lucha contra la medida con un sentimiento generalizado “NISSAN no se cierra”. Sin embargo, los dirigentes sindicales de CC.OO. y UGT acordaron la liquidación diferida a diciembre de 2021, algo que presentaron como un triunfo, pero no lo fue. Los más perjudicados son los 500 trabajadores subcontratados de ACCIONA a quienes pasaron al ERE, luego serán los 25.000 implicados directa o indirectamente por el cierre. Este conflicto tiene transcendencia mediática, pero no es el único.

La dirección de Bosch anunció su intención de cerrar la fábrica de Castellet i la Gornal, hacia principios de 2021. La multinacional alemana fabrica motores para limpiaparabrisas de las marcas: Fiat, el grupo PSA (dueño de Peugeot, Citroën y Opel) y el grupo Volkswagen. Hace menos de dos décadas contaban con una plantilla de 1.200 empleados que fueron reduciendo hasta llegar a 300 que ahora pretenden dejar en la calle, argumentando que “el negocio ya no resulta rentable”. Las representaciones sindicales de CC.OO. y UGT expresaron su “total rechazo” al cierre y barajan variantes que van desde “el establecimiento de una joint venture con otra empresa” hasta “un cambio de división dentro del grupo.”

La multinacional francesa Saint-Gobain también anunció el cierre de la línea de Glass, que produce vidrio para su transformación en Sekurit, en la fábrica ubicada en Arbós, Tarragona. Como el horno fundamental para la producción agotó su vida útil, decidieron cerrar en lugar de renovarlo, dejando sin empleo a 122 trabajadorxs. Argumentan que las actuales condiciones “impiden vislumbrar alternativas a corto y medio plazo que permitan garantizar unos mínimos de producción y rentabilidad”. El comité de empresa de Arbós rechazó la medida y ha llamado a una concentración frente al Parlament de Cataluña, mientras que la patronal quiere comenzar a negociar prejubilaciones y traslados. Otro que cierra es Coll de Vilamalla, dedicada al suministro de piezas y repuestos para automóviles. Durante los meses de agosto y septiembre la firma pasó a la mayoría de sus empleados a ERTE esgrimiendo motivos “de organización”, pero entró en concurso para encaminar su situación y gestionar 300 despidos.  Sucede lo mismo con Nobel Plastiques Ibérica, en Sant Joan Despí, que anunció el cierre y despido de 200 empleados.

Las localizaciones de las plantas son distintas, los orígenes empresariales también, pero los libretos y mecanismos de las patronales parecen salidos de una misma fotocopiadora. Hacen referencia a la “pérdida de rentabilidad”, a la “crisis por la pandemia”, a la “imposibilidad de salidas alternativas” para empujar a los trabajadores hacia el brete del ERE, que consuma el despido legal. El gobierno español, el Govern y los Ayuntamientos vienen manifestando su “preocupación” por la situación y en algunas ocasiones se comprometen a buscar “nuevos inversores” o a tomar medidas “para que se queden”,  pero las respuestas son insuficientes o nunca llegan. Las autoridades burguesas son las que engordan las ganancias empresariales con subsidios y exenciones impositivas por millones de euros durante años.

…es fundamental apoyar los reclamos…

Las complicidades entre los gobiernos y las patronales van en una misma dirección: intentar que los costos de la crisis recaigan sobre las espaldas de los más vulnerables. ¿Existe una salida distinta? Sí la hay, y puede ser de utilidad intercambiar opiniones al respecto. Las patronales siempre acusan pérdidas y dificultades financieras. Como en la mayoría de los casos esconden que durante años acumularon ganancias millonarias, hay una forma de saber sí es cierto: exigir la apertura de los libros contables. Por otro lado, no es cierto que si realmente cae la producción no queda otra alternativa que dejar a miles de familias en la calle: se podría reducir la jornada laboral y repartir las horas de trabajo sin bajar los salarios, para que nadie pierda el empleo.

Aun así, la amenaza de cierre siempre está latente y muchas veces se concreta provocando un enorme daño social. Se puede evitar si cada empresa que cierra es nacionalizada, sin indemnización alguna y colocada inmediatamente bajo control de sus propios trabajadores. La producción y la administración deben quedar en manos de quienes las llevan adelante cada día, para que se tomen decisiones en función del conjunto y no de las ganancias de un puñado de privilegiados que se apropia del trabajo ajeno. Las nacionalizaciones son perfectamente posibles y su aplicación se ha vuelto a poner en el tapete a partir de la actual crisis de la economía capitalista. El problema es que los gobiernos burgueses son muy reacios a concretarlas.

En este camino, es fundamental apoyar los reclamos, en el marco de la más amplia unidad de acción para que no queden aislados o divididos entre trabajadores “de planta” y “contratados”.  Aceptar sin más los cierres y los despidos “en mejores condiciones” es “pan para hoy y hambre para mañana”, ya que luego miles de trabajadores pasarán a engrosar la lista de casi cuatro millones de parados que registra el Estado español. Esto no implica depositar confianza en los dirigentes que, respondiendo a las directrices de las centrales sindicales mayoritarias, mantienen los reclamos encerrados, no coordinan con otros sectores y se niegan tanto a preparar como a exigir la convocatoria a la huelga general. Por eso es tan importante que surjan nuevos dirigentes democráticos y combativos, dispuestos a luchar hasta el final. Mientras tanto, seguiremos estando del mismo lado de lxs trabajadores de ACCIONA, GLASS, Coll, Nobel Plastiques Ibérica, Alcoa, de los obreros del metal que hacen huelga indefinida en la Bahía de Cádiz, de los repartidos de Uber Eats de Tarragona en huelga, de los que exigen condiciones seguras en los ámbitos educativos y sanitarios, en definitiva, de los que reclaman por sus derechos postergados.