¡Movilización popular para imponer de inmediato la amnistía!
Ninguna confianza en los jueces ni en el gobierno.
Por Gérard Florenson
El TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo) ha dictado una resolución que constituye, sin duda, un revés para la derecha española y para los jueces herederos del franquismo, pero que no tiene ninguna consecuencia inmediata.
El camino hacia una verdadera amnistía sigue siendo largo. Largo y accidentado: habría que esperar a que el Tribunal Constitucional tome en consideración esta decisión y a que el Tribunal Supremo acepte renunciar a las causas contra Puigdemont y contra todas las personas perseguidas por los supuestos delitos relacionados con el «Procés» independentista. Sin embargo, ya es evidente que las distintas jurisdicciones españolas no tienen ninguna prisa y que pueden aparecer nuevos recursos destinados a limitar al máximo los efectos de la ley de amnistía, lo que podría prolongar el proceso durante otros dos años o más.
La última maniobra consiste en acusar a los dirigentes independentistas de enriquecimiento personal, ya que el delito de malversación —basado en la financiación por distintas administraciones de los gastos relacionados con el Referéndum— no basta para condenarlos. El argumento, grotesco, es que esa financiación institucional les permitió no tener que pagar esos gastos de su propio bolsillo. Es un razonamiento absurdo y probablemente condenado a fracasar una vez más, pero mantener este interminable baile judicial permite ganar tiempo, quizá hasta la llegada de un gobierno del PP y Vox.
Por lo tanto, las reacciones triunfalistas están fuera de lugar. La ley entró en vigor en junio de 2024 y su aplicación ha sido muy limitada, salvo para los policías responsables de las agresiones más brutales contra la población, que casi todos han sido amnistiados. Puigdemont y los demás exiliados siguen sin poder regresar a Catalunya porque las órdenes de detención contra ellos continúan vigentes. También siguen en vigor las inhabilitaciones de Oriol Junqueras, Jordi Turull y otros dirigentes condenados que, aunque salieron de prisión, no pueden presentarse a las elecciones. Asimismo continúan los procesos judiciales —bajo la delirante acusación de terrorismo— contra militantes de los CDR.
JUNTS y ERC prefirieron el callejón sin salida judicial a la movilización
JUNTS, ERC e incluso algunos sectores más radicales elevan ahora el tono y exigen la aplicación total e inmediata de la amnistía. Pero surge un pequeño problema: ¿ante quién y mediante qué medios? Porque es difícil pensar que la simple presión moral vaya a bastar para convencer al Tribunal Supremo. Entonces, ¿a quién dirigir la exigencia? ¿Al gobierno, amenazándolo con retirar el apoyo a sus presupuestos si no presiona en el sentido correcto? Aun suponiendo que eso fuera posible, Sánchez tendría que renunciar al mito del «respeto a la Justicia»; es decir, al respeto hacia unas instituciones judiciales heredadas del franquismo. Es cierto que el PSOE y su apéndice catalán han cambiado de discurso y que Salvador Illa también reclama ahora la aplicación inmediata de la amnistía. Pero para comprender las razones de este cambio es necesario recordar los acontecimientos anteriores.
Octubre de 2017. El PSOE se unió al PP y a Ciudadanos para aprobar la aplicación del artículo 155 impulsada por Rajoy: un auténtico golpe contra la democracia que destituyó al presidente legítimamente elegido de la Generalitat y disolvió el Parlamento catalán. A continuación llegaron las imputaciones y los encarcelamientos de quienes no optaron por el exilio, todo ello no solo con la bendición del monarca, sino con su intervención activa para aplastar el «Procés». El PSC, el partido de los «socialistas» catalanes, hizo exactamente lo mismo. Su dirigente, Miquel Iceta, llegó incluso a manifestarse en la calle junto a la derecha contra el derecho a decidir.
Puigdemont ofrece una explicación: Sánchez gobierna en minoría en las Cortes y necesita los votos de los partidos catalanistas, por lo que está obligado a hacerles concesiones. Esta interpretación tiene una ventaja para JUNTS: permite presentar su propia política como «radical» frente al supuesto colaboracionismo de ERC. Hemos mostrado en varios artículos que la oposición de JUNTS ha servido sobre todo a la patronal y a los grandes propietarios, evitando que incluso reformas muy moderadas afectaran a sus beneficios, siendo la cuestión fiscal su principal caballo de batalla.
Al considerar que el apoyo de Sánchez a la amnistía se debe al hecho de que su gobierno carece de futuro sin aliados parlamentarios, Puigdemont tiene parte de razón, pero solo parte. Lo que oculta es que esta amnistía forma parte del proceso de normalización política, del intento de relegar la «cuestión catalana» a un segundo plano y de poner fin al combate independentista sustituyéndolo por una autonomía negociada. Lo oculta porque reconocerlo significaría admitir las responsabilidades de JUNTS y de ERC.
JUNTS y ERC enterraron las movilizaciones populares y abandonaron la lucha independentista
Los dirigentes de ambos partidos dejaron extinguirse las poderosas movilizaciones que siguieron al golpe de fuerza de Rajoy, al dejarlas sin ninguna perspectiva política. Desde ese mismo momento trasladaron su estrategia al terreno judicial, esperando además, en vano, el auxilio de la Unión Europea. Cuando el PSOE llegó al poder, optó por la vía de los indultos: medidas de gracia individuales que permitieron a varios dirigentes independentistas salir de prisión, pero sin que desaparecieran los supuestos delitos que se les imputaban, diferencia fundamental con una verdadera amnistía.
Esa concesión del gobierno debería haber abierto el camino a la lucha por conquistar una auténtica amnistía, al abandono de todas las causas judiciales, al regreso de los exiliados y al restablecimiento pleno de los derechos civiles y políticos de los condenados. Esa lucha habría podido reunir a un sector mucho más amplio que el formado únicamente por los independentistas, especialmente a la izquierda reformista que se había opuesto al artículo 155 y a la represión. Era posible sacar a la calle a un millón de personas, e incluso más, en torno a esa reivindicación, con manifestaciones apoyadas por huelgas y bloqueos.
Al rechazar ese camino, JUNTS y ERC permitieron al PSOE recuperar la iniciativa con el objetivo de pasar página y «restablecer la concordia». Nueve años después del referéndum y del golpe de fuerza del Estado español, el gobierno consideró que podía conceder una amnistía sin riesgos, una amnistía que no le fuera arrancada mediante la movilización popular. En 1884, en Francia, la burguesía republicana, una vez consolidado su poder, también se permitió el lujo de amnistiar a los comuneros.
Volver a la normalidad: ¿qué mejor para la patronal catalana? Molesta en su momento por las iniciativas «aventureras» de Puigdemont, obedeció sin vacilar la petición de Rajoy y del rey de trasladar sus sedes sociales fuera de Cataluña como medida de castigo. Desde entonces, muchas de esas empresas han ido regresando progresivamente y esperan que un JUNTS ya moderado defienda sus intereses: una autonomía reforzada, ventajas fiscales y menos «restricciones» sociales y medioambientales. No resulta extraño, por tanto, que una amnistía y el regreso de Puigdemont apenas despierten inquietud entre los capitalistas catalanes. Al defender esta reivindicación democrática elemental, por supuesto no renunciaremos a combatir la política reaccionaria de JUNTS.
Pero una verdadera amnistía no llegará por sí sola: habrá que conquistarla
Se enfrenta a los bloqueos de la derecha españolista y de los jueces que actúan a su servicio. Aunque los capitalistas catalanes perciban las ventajas de esta situación, el tono es muy diferente en otros sectores, que alimentan los prejuicios anti catalanes y denuncian las concesiones de Sánchez a los separatistas. Para conquistar una verdadera amnistía habrá que hacer precisamente aquello a lo que se han negado los dirigentes «catalanistas»: movilizarse en las calles y no esperar pasivamente las próximas decisiones judiciales.
Será necesario movilizarse en Catalunya y conseguir que esta lucha sea asumida por la inmensa mayoría de la población, sin distinción de origen ni de creencias. Eso implica defender una amnistía mucho más amplia que la aprobada hasta ahora: una amnistía para todos los llamados «delitos sociales», para todos los sindicalistas y activistas perseguidos por la justicia del Capital y para los trabajadores sancionados o incluso despedidos por resistirse a la explotación. Y esa misma lucha deberá impulsarse en toda la península, porque la defensa de nuestros derechos democráticos y sociales no puede dividirse según la nacionalidad.
